La fortaleza del Estado es un concepto que se relativiza en la medida en la que se trasciende la delimitación de lo urbano, al punto de que puede llegar a ser algo sumamente vago o inexistente en algunas áreas donde la institucionalidad también está vacía de contenido.

En la región metropolitana es donde más puede tener aplicación el concepto, porque casi todos los servicios y atenciones son más perceptibles, aunque muchos de ellos funcionan en una situación precaria.

En cambio hay otras donde la institucionalidad se ha visto fortalecida por estos días, aun y con la falta de recursos o a pesar de la asfixia gubernamental que de esa manera disfraza su poca disposición al fortalecimiento del estado de Derecho y es la de la persecución criminal representada por la eficiencia que ha mostrado el Ministerio Público, una parte del Organismo Judicial y del Ministerio de Gobernación.

Si no fuera por la decidida labor que estas instituciones han emprendido en contra de las diversas expresiones del crimen, la situación sería verdaderamente calamitosa, aunque para muchos todo funcionaba de maravilla hace más de quince meses, cuando el sistema avanzaba al ritmo de una de las administraciones más corruptas, precisamente porque muchas de las instituciones había sido maniatadas por la cooptación del Estado.

Esa ha sido la visión urbana del último año, pero en la medida en que se aleja la mirada de la metrópoli, la situación todavía es más preocupante e incluso podría hablarse de un Estado fallido, debido a la ausencia del Estado, que ha permitido que otras mafias, mucho más violentas, impongan su ley, como ocurre en una vasta región del Petén, donde la presencia de las autoridades es prácticamente nula y por esa razón los criminales gobiernan a sus anchas.

Esta semana, la agencia de noticias británica BBC Mundo divulgaba un amplio reportaje sobre el abandono en que se encuentra una vasta región de Petén, y pese a que casi la mitad de ese departamento está catalogada como zona protegida, un altísimo porcentaje de esas tierras han sido arrasadas por incendios e invasores que operan al servicio de poderosos narcoganaderos que simulan actividades agrícolas para incendiar miles de hectáreas, con el único fin de despejar el territorio para el trasiego de narcóticos.

Para ello emplean a miles de personas que simulan ser agricultores o campesinos desposeídos, cuando su única finalidad es prestar un servicio a estructuras del narcotráfico que han convertido a esa región en el epicentro del tráfico de maderas preciosas, fauna, flora y seres humanos, todo lo cual ocurre sin la más mínima intervención de las autoridades.

Pese a que existen algunos representantes de la autoridad, estos son insuficientes y están expuestos a la amenaza de enfrentar a gente armada, a autoridades venales y a pobladores que han llegado incluso al colmo de desafiarlos, retenerlos y hacerlos firmar documentos en los que les garantizan que los dejarán en paz, para patentizar que la Biosfera Maya es un territorio sin ley, o que en todo caso esta la imponen los malhechores.