Opinión

EDITORIAL

Daño colateral a la libre expresión

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La lucha contra la corrupción no ha sido fácil, al haber requerido más que dedicación de quienes han encabezado esos esfuerzos por reducir los altos indicadores de impunidad, hasta el punto de que algunos ya no quieren saber nada de ocupar altos cargos, como es el caso de la Fiscal General, quien ha reiterado que no buscará la reelección al frente del Ministerio Público.

Para quienes han buscado descalificar esos esfuerzos la tarea ha requerido de un esfuerzo sostenido a base de enormes aportes económicos; millones de quetzales para financiar operaciones de cabildeo y el montaje de netcenters y otras plataformas sociales destinadas a sostener un ataque visceral, ajeno al debate de ideas, contra personas y medios de comunicación, simplemente por no compartir el criterio de descalificar o minimizar la corrupción en el sector público y sus perniciosos efectos, bajo el pretexto de defender la institucionalidad.

Medios de comunicación y algunos periodistas independientes han sido blanco favorito de quienes han hecho del actual conflicto un modelo de vida, al extremo de que algunos netcenteros han llegado a tener la capacidad de movilizar pequeñas unidades satélite que funcionan al servicio de esa causa y contribuyen a multiplicar los ataques despiadados, hepáticos e irracionales contra quienes apoyan el fortalecimiento del estado de Derecho y la transparencia.

En el fondo, más que un riesgo colateral existe una amenaza real, lacerante y peligrosa sobre la libertad de expresión, porque es hacia allí adonde se dirigen esos embates, a descalificar a la prensa independiente, que lidera esos esfuerzos por la dignidad nacional y por la depuración de las esferas de poder político, fuente de la corrupción de los últimos gobiernos y de donde funcionarios y civiles inmorales se han aprovechado para amasar fortunas, muchas de ellas inescrutables.

Lamentablemente, en esos afanes viciados coinciden demasiados intereses políticos, entre ellos los de los diputados, alcaldes y funcionarios del Organismo Judicial y del Ejecutivo, quienes también disponen de recursos y cargos de decisión para influir en apañar la impunidad, la corrupción y el ataque sistemático en contra de algunos medios de comunicación, con el objetivo de minar su credibilidad o de contrarrestar las versiones periodísticas que denuncian el abuso.

Uno de estos funcionarios, conocido por su enfermiza aversión a los periodistas, es el alcalde Álvaro Arzú, quien desde hace años ha liderado el encono contra la prensa, simplemente porque no acepta que los periodistas puedan hacer una labor de fiscalización de la labor pública. Esto es lamentable y representa un enorme riesgo para la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento, que por ser un derecho de todos no protege solo a los comunicadores sociales.

Una de las más serias amenazas para el ejercicio periodístico es la intolerancia de los funcionarios y de quienes financian mezquinos esfuerzos por llevar a Guatemala a un estado de cosas como el que se vive en Estados Unidos, donde el actual presidente puso de moda el concepto de noticias falsas, para demeritar al periodismo, un concepto enfermizo que a la larga no tiene posibilidades de éxito en una sociedad bien informada.