He tratado de escribir esta columna varias veces y los acontecimientos políticos con ínfulas de megacrisis van más aprisa que mis dedos. Me sorprenden los anuncios de inicios de antejuicio “cabalito” cuando el presidente estaba en Nueva York hablando con la ONU. Me afecta mi prurito ciudadano el enterarme que “un convenio que nunca fue conocido por la Asamblea de Naciones Unidas tenga ahora mayor validez que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual sí fue aprobada por los Estados a nivel mundial desde 1967. Esto, indiferente a la validez de si el comisionado debe o no permanecer en Guatemala después de ser declarado non grato.

Me enerva que nuestro derecho de locomoción en las principales carreteras del país esté siendo pisoteado otra vez por los Codecas apoyando, ¡oh ironía!, al comisionado contra la Impunidad y la corrupción que por razones ignoradas no ha investigado el robo de más de 200 millones de quetzales de fluido eléctrico vendiendo “protección” y asistencia técnica para hacer y cobrar las conexiones ilegales. Llevan años haciéndolo. Han secuestrado a empleados de Energuate en no pocas ocasiones. El Gobierno lo sabe, el Ministerio Público lo sabe, la Cicig lo sabe, pero nadie hace nada.

Me indigna que el derecho constitucional que garantiza la propiedad privada se viole, permitiendo que los delitos de usurpación agravada, asesinato y amenazas, pese a las reiteradas demandas de justicia ante las autoridades competentes, se desatiendan consistentemente hasta que los usurpadores —con tanto tiempo de permisividad, por la tardanza en aplicar el poder coercitivo de la ley—, cual marabuntas, destruyan el patrimonio entero construido con el trabajo de generaciones de guatemaltecos. ¿No son esas redes de impunidad dentro del sistema de justicia parte del mandato de la Cicig?

Reiteradamente incontables ciudadanos desde cátedras, columnas, en foros y conversatorios hemos replicado el clamor que priva en la mayoría de la sociedad guatemalteca que la corrupción y la impunidad sea eliminada en todas sus manifestaciones, no circunscribiéndose a lo evidente, como la eliminación de mafias, —“líneas” y demás organizaciones de obvio ADN criminal—, sino aquellas que están enquistadas en nuestro caduco sistema político y estatal, impidiéndonos trabajar, invertir, generar empleo y desarrollo porque por donde uno pasa está minado con tramitologías perversas para exigir mordidas y prebendas por licencias que nunca salen, y cuando salen, no valen, porque cualquier persona puede interponer un amparo paralizando cuantiosas inversiones, causando innumerables daños, el desempleo de cientos de trabajadores, la fuga de capitales, y todo debido a que los magistrados, con criterios que los más connotados juristas del país califican de aberrantes, han otorgado.

Partidos políticos, servidores públicos, empresas, organizaciones no gubernamentales, jueces, personas individuales, todos debemos obedecer la ley, y el que la viole debe ser llevado a un juicio en el que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.

Reitero lo que escribí hace unos meses sobre por qué guatemaltecos pensantes rechazan con tanta vehemencia cualquier ley que pretenda conformar una burocracia —si es que no un gobierno— de jueces sujetos a la discrecionalidad, la frivolidad jurídica, la manipulación política dentro de un cuerpo colegiado con abierta vinculación ideológica.

La plaza nos unió en el 2015, ahora nos tiene en una polarización tan grande que no hay banderas intermedias. Tengo amigos de ambos lados que respeto y admiro. No los insulto ni los denigro por pensar diferente a mí. Espero el mismo trato. Al final todos queremos una Guatemala mejor. Tenemos coincidencias unámonos, tenemos diferencias, conciliémoslas.

Yo apoyo la paz, la institucionalidad, el debido proceso y el respeto a la Constitución de nuestra “República”.

alfredkalt@gmail.com