Opinión

Hagamos la diferencia

Desastre de carreteras

Samuel Reyes Gómez

Samuel Reyes Gómez

A pocos días de vencer el plazo para el impuesto a la circulación de vehículos, los guatemaltecos, acostumbrados a dejar todo para última hora, corren a hacer el pago, pero al mismo tiempo levantan su voz para manifestar la inconformidad de hacerlo si las carreteras del país están en completo desastre. Aunque el destino de dicho impuesto es exclusivo para ciertas instituciones y actividades, el nombre del mismo hace pensar que debe contribuir a la circulación de los vehículos. Según el decreto 70-94, del impuesto recolectado de los vehículos de uso particular, alquiler, comercial, transporte urbano y motocicletas, el 50% se destinará a las municipalidades, para ser asignado por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitución de la República establece como aporte constitucional a las mismas, con destino exclusivo al mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Se puede destinar hasta el 50% al fondo común y 10 por ciento al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que lo destinará exclusivamente al mantenimiento y adquisición de semáforos, señales de tránsito y demás equipos requeridos para ordenar y controlar el tránsito, el control del estado en que conducen las personas y estado de los vehículos y motores que circulan en el país. El impuesto de otro tipo de vehículos también tiene un destino exclusivo.

El decreto 38-92 crea la Ley de Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo. El impuesto que se aplica es el siguiente: gasolina superior, Q4.70; gasolina regular, Q4.60; gasolina de aviación; Q4.70; diésel y gas oil, Q1.30. De lo recaudado por este impuesto se destinan 10 centavos por galón a la Municipalidad de Guatemala, 20 centavos al resto de municipalidades y un quetzal para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales. Aunque los fondos son insuficientes, pueden complementarse con el presupuesto de la Nación y con fondos privativos de las municipalidades, o hacerse un reajuste de estos destinos.

La realidad es que casi la totalidad de las carreteras del país están en mal estado, lo que provoca problemas de locomoción, continuos accidentes y deterioro de los vehículos, sin que se vislumbre una solución. Se escucha a la gente decir que la carretera no tiene hoyos, sino cráteres; existen tramos en carreteras asfaltadas donde el asfalto desapareció.

Es triste escuchar al presidente de la República indicar que están de manos atadas para accionar. Es evidente el miedo para ejecutar, pues a los funcionarios les tiembla el pulso al firmar contratos para el mantenimiento de la red vial. Los recursos existen, pero no hay disposición a trabajar.

Considero que la problemática radica en que el Estado perdió el poder de ejecución, al trasladar funciones vitales a la iniciativa privada, al realizar estos trabajos mediante contratos leoninos donde cada quien quiere quedarse con su tajada. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda debiera retomar su labor operativa y realizar los trabajos por administración y no por contratación. El clamor por un estado de Excepción para solucionar el problema aumenta, y aunque podría contribuir, los efectos podrían ser contraproducentes, pues en río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras tanto, seguiremos esquivando hoyos.

samreygo@yahoo.com