Los guatemaltecos despertamos ayer con la sorprendente noticia de la captura del expresidente Álvaro Colom Caballeros, y de varios exministros:  de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight; Gobernación, Salvador Gándara (también exviceministro de Arzú); Abraham Valenzuela, exministro de la defensa; Edgar Alfredo Rodríguez, de Trabajo; Óscar  Erasmo Velásquez, de Economía; Celso David Cerezo Mulet, de Salud; Gerónimo Lancerio, de Cultura, y  Luis Alberto Ferraté Felice, de Ambiente.  Entre  ellos también está Ana del Rosario Ordóñez, exministra de Educación   y exministra de Finanzas de Ramiro de León Carpio. De los dos exministros que conozco, creo que en todo caso son personas políticamente inocentes.

La más seria lección de lo ocurrido se refiere a la necesidad de una decisión personal para no firmar nada de lo cual no se esté absolutamente seguro, y para ello tener un asesor legal personal. Es muy serio firmar algo de manera descuidada o casi pueril, aunque lo solicite quien ejerce una jerarquía superior, causante por ello de responsabilidades castigadas con cárcel. En esta línea de pensamiento debe entenderse la respuesta del expresidente Colom, quien al ser cuestionado por un periodista si había tenido participación o había ordenado la firma su entonces esposa y de hecho jefa de estado de facto del país, Sandra Torres. “Pregúntele a ella”, dijo el exmandatario, con rostro desencajado, antes de ingresar esposado al centro de detención.

Los ministros, vale la pena repetir, deberán de ahora en adelante firmar con cuidado, por la posibilidad de marrullerías de las cuales pueden ser ajenos, tienen también la obligación de escuchar a sus asesores personales. Todo ello, claro está, tendrá como efecto aún más tortuguismo en el Estado, pero no hay remedio. Un problema adicional es la reducción del número de personas correctas interesadas en arriesgarse sirviendo al país y ello afianzará la llegada de gente de escrúpulos elásticos, como desafortunadamente ha sido el caso conforme los “partidos” políticos afianzan su característica de ser una gavilla de gente cuya única meta es el pillaje y el vandalismo de los dineros provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos.

Por aparte, lo ocurrido ayer de alguna manera desmiente a las campañas financiadas por personas anónimas respecto a la parcialidad del Ministerio Público y la Cicig. Ciertamente, el trabajo de ambos no se puede calificar de perfecto, pero —como sea— han logrado la captura de personajes considerados por la sociedad y por ellos mismos como intocables. Otra lección de lo ocurrido ayer está dirigida a quienes integran no solo el pintoresco gabinete de Jimmy Morales, sino de quienes en gobiernos anteriores se han convertido en cómplices aun cuando no hayan engrosado sus bolsillos ni de pronto hayan cambiado de casa y hayan adquirido mansiones, automóviles y vehículos cuya procedencia solo se puede explicar por la corrupción, el amiguismo y el nepotismo.

Otro factor derivado de lo ocurrido ayer, es cuál es realmente la velocidad del actuar del sistema legal. La lentitud actual, cada vez es más evidente, en muchos casos se debe a las acciones diseñadas para atrasar los procesos, utilizadas por quienes se encuentran en la prisión-jaula de oro del Mariscal Zavala, cuyo litigio malicioso ha sido evidente. El objetivo es esperar con paciencia y en compañía de amigos y compinches el cambio de las actuales autoridades del MP y la Cicig para lograr el relevo por personas a quienes ellos consideran favorables a sus intereses. Los señalamientos anteriores solo confirman el naufragio del país y la urgencia de abandonar el barco por quienes ya tienen claras las rocas frente a la proa, escondidas en mares tumultuosos.