Feminicidio, no “femicidio”, es la palabra que el diccionario de la lengua española (DEL) utiliza para nombrar el asesinato de una mujer por razón de su sexo.

Semanas atrás, la diputada Sandoval (FCN) levantó polvareda al proponer cambios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la parlamentaria únicamente pretendía modificar —según explicó— algo no específico de dicha ley que incide en todo el ámbito de la justicia, como es el castigo a quien haga denuncias falsas. ¡Ya que destapó la jaula de grillos, abramos la discusión!

La famosa ley obedece a la moda, la presión y el hembrismo (también fuera del DLE) existente en el mundo y que se refleja en esta zona del hemisferio. Una majadería legal que se focaliza en lo particular obviando lo general y brinca parámetros universales que deberían cumplir las normas. Sustancialmente es una ley contra hombres, sobre la base apriorística de que las relaciones de poder entre hombre y mujer son desiguales (Art. 6), lo que no es verdad y habría que demostrar en cada caso. Similar argumento de desequilibrio imaginario podría utilizarse para otras relaciones y eludir el postulado de la “generalidad”, es decir, la validez para todos los individuos, sin distinciones ni prebendas, que sustenta el principio de que “la ley es la misma para todos”. Sin embargo y lamentablemente, el femicidio (feminicidio), según el original acotamiento que hace el artículo citado, únicamente puede ser cometido por hombres.

Podría el legislador —si hubiese querido— haber modificado las circunstancias contempladas en el Código Penal para el asesinato (Art. 132), agregando alguna más o aumentado la pena o las agravantes, pero prefirió, por presión de ciertos grupos, crear un modelo específico que el tiempo ha mostrado inservible, salvo para hacer más “eficiente” —y discrecional— la persecución masculina. Triunfó en el debate la ley del péndulo que oscila entre el machismo a descartar y el ideologizado hembrismo a imponer.

En el continente americano ocurren muchos homicidios, lo que no significa que porcentualmente la relación entre los de mujeres y hombres sea la más alta. Por el contrario, es la menor de los cinco continentes (10%), siendo Europa, con un 27%, la que ocupa el primer lugar del mundo (Global study on homicide 2011, pág. 64). Dicho ratio se mantiene en el siguiente informe de 2013. Es decir, el femicidio “no debería ser una prioridad” de política pública y el norte del político en su actuar responsable tendrían que ser los homicidios en general. Tampoco se puede argumentar como razón justificativa de la ley la “elevada” mutilación femenina. El Inacif muestra en sus estadísticas que es mayor en hombres; incluso el doble en 2015.

La propuesta de la diputada Sandoval me parece anecdótica en el contexto de esta ley, pero muy importante respecto del funcionamiento de la justicia. Es preciso castigar contundentemente a quien promueva denuncia falsa, sin importar el motivo. No hay que complicar los procedimientos legales, sino hacerlos más eficientes y, sobre todo, que la razón prime sobre la emoción y se destinen eficientemente los recursos públicos para la persecución penal de todos lo crímenes. Las políticas de discriminación, positiva o negativa, son un despropósito que obedece al interés particular y a la presión de un grupito de tarambanas. Lo siguiente será eso de la “inclusión” y las cuotas, así como tildar de machista, misógino y otros calificativos similares a quien les refute los prefabricados argumentos que suelen utilizar ¡Así están las cosas!

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