Cuando las condiciones generales del país son analizadas por un observador situado un poco por encima de los árboles, es posible llegar a conclusiones mejores a las tomadas cuando se está colocado a nivel del suelo. En los últimos días ha ocurrido una serie de hechos cuya interpretación puede incluso llegar a ser equivocada, porque son vistos a altura del suelo y de manera individual. Se puede llegar a la conclusión, y es muy preocupante, de cómo la combinación de factores permite señalar el inicio en Guatemala de una dictadura como la de Ortega, en Nicaragua, y de Chávez, en Venezuela, cuya llegada al poder se debió a su triunfo en las primeras elecciones, sin mácula, perdida después.

Un pequeño análisis muestra el ataque a las instituciones democráticas estatales y sociales, en especial a la prensa escrita. El primer paso es tratar de afectar su credibilidad, evidentemente superior a la de los impresentables politiqueros. Hasta hace poco, se repetía hasta la saciedad “A la prensa se le paga o se le pega” por un representante de la intolerancia, en una falacia de generalización imperfecta. Ahora, el torpe cuarentero presidente del Organismo Ejecutivo habla de “un señor que le dijo que un periodista había dicho que las noticias buenas no venden y por eso hay que pagar por ellas”. La frase demuestra su flagrante mentira en un simple análisis: si no lo fuera, de seguro ya habría intentado una acción legal por vía suya o de alguno de sus achichincles.

El nuevo cabecilla de la clica novenera, como se conoce al Congreso, de manera personal pero a nombre de ese organismo y sin consultarlo, decidió presentar en el Ministerio Público una querella penal, es decir, castigada con cárcel, contra el representante de Acción Ciudadana, porque se venció su período, en una clásica güizachada de abogados relacionados con el Gobierno. Por cierto, a partir de la escogencia de Jimmy Morales y del inicio del período de la licenciada Consuelo Porras, la importante institución virtualmente no existe, porque aún no ha terminado el período de conocimiento de un Ministerio Público al cual pertenecía. La aplanadora antilegal se complementa con algunas decisiones casi increíbles del sistema judicial guatemalteco.

En vista de la evidente decisión de expulsar a jueces independientes, la Sala Tercera había ordenado a la jueza Éricka Aifán cerrar el proceso contra los señores Bitkov, de Rusia, y entonces la Corte de Constitucionalidad enmendó la plana. No se puede dejar de señalar un hecho tal vez olvidado por buena parte de la población: los integrantes de esta corte fueron nombrados por gente expatriotista y exliderista, algunos de los cuales se encuentran ahora en partidos oscuros, verdaderos ejemplos de politiquería barata. A la CC se le ha criticado por haberse convertido en una “corte celestial” superior, pero ello es el resultado de las marufias constantes hechas a la sombra del mencionado sistema judicial.

En estas condiciones, los comicios próximos se presentan en medio de esa bruma del país. No hay candidatos todavía, y solo algunas personas podrían ser consideradas pre-precandidatos. El financiamiento electoral será difícil de encontrar, dadas las circunstancias, y la eliminación de las encuestas de hecho, porque detenerlas dos semanas antes de las elecciones elimina la predicción cuando haya resultados muy cercanos, solo beneficia a los marrulleros de siempre, y con ello también de hecho se eliminan los beneficios. En vista del veto legal a la reelección, dependiente de la ausencia de cambios ilegales en el Congreso, la puerta está abierta para períodos de ocho o tal vez más años, al estilo de Ortega y de Maduro, es decir, para dictaduras electas.