Opinión

TIEMPO Y DESTINO

Dignidad de los ancianos

Luis Morales Chúa

Luis Morales Chúa

Archivado en:

Ancianos

HA SIDO UN ACIERTO el viaje de diputados a Chile para estudiar en el terreno la más reciente reforma del sistema de previsión y seguridad social aprobada en ese país.

Y sería de utilidad que los integrantes de la actual junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hicieran lo mismo. Una visita de estudio, detenida, para empaparse bien de la materia, no para copiarla letra por letra.

Pero, también habría que dar esa misma oportunidad a líderes sindicales honrados, interesados en defender los derechos de los trabajadores en general, no solo los propios.

Los amantes de la privatización son representantes de una corriente de pensamiento, formada en aulas universitarias, en los negocios y en los ambientes políticos liberales que están contra todo lo que sea intervencionismo estatal en el mercado. Parten de la idea de que “el capitalismo es el único sistema económico capaz de asegurar a cada hombre el libre ejercicio de sus facultades” y por lo tanto exigen que los dejen negociar libremente.

Aquí en Guatemala lo que impera es eso: un acentuado liberalismo económico puesto en manos de los políticos que hacen Gobierno, deciden todo en materia de elecciones, en el orden administrativo, en la formación de las leyes, en la impartición de justicia, en la explotación de los recursos naturales, en la religión y hasta en la clase de alimentos que son consumidos en los hogares guatemaltecos.

Pero, —obsérvese bien— no se ve por ningún lado que ese sistema asegure “el l libre ejercicio de las facultades de todas las personas”. Y si no lo creen hagan una visita a los hogares situados en el Corredor seco; a los recluidos en centros asistenciales; o a los millones de niños que no reciben educación porque no hay escuelas públicas ni maestros en cantidades suficientes, situación agravada por un Gobierno inculto que suprimió la carrera de magisterio que antes era impartida en las escuelas normales.

Quienes impulsan la privatización de la seguridad social, no lo hacen por ser ajenos al conocimiento de esa cruda realidad guatemalteca. Por supuesto que la conocen. Pero ellos han aprendido que la única responsabilidad social de una empresa es hacia sus accionistas; luego, su pasión debe ser canalizada a que su empresa obtenga los mejores y más altos beneficios. Las empresas administradoras de fondos de pensión en Chile son sociedades anónimas, cuyo capital es echado a la suerte en la bolsa de valores, donde unas veces se gana y otras se pierde. Pero, no hay problema si el capital en juego no es propio, sino que proviene de los salarios de los trabajadores afiliados al sistema.

Algo de eso ocurrió en Chile. Las empresas administradoras de fondos de pensiones obtuvieron una ganancia de once mil millones de dólares, libres de polvo y paja, en tanto que los jubilados la están pasando muy mal.

Y es que quienes en el pasado han usufructuado la previsión social en Chile, exageran cuando se dedican a elogiarlo. Dicen, por ejemplo, que una vez implantado por el Gobierno de Pinochet, se extendió como bendición en treinta países lo cual no debe ser motivo de mucho entusiasmo. La comunidad internacional organizada, bajo la bandera de las Naciones Unidas, tiene 193 Estados miembros, 3 en calidad de observadores y 2 territorios en disputa, para un total de 199; de manera que 30 constituyen una ínfima minoría, lo cual significa que la inmensa mayoría de Estados no se tragaron el camelo de la capitalización individual ni la denominada teoría del accionista. Los pinochetistas mantienen en reserva también el hecho de que los dos únicos países europeos —Hungría y Polonia— que entraron en el juego de convertir en acciones privadas el dinero de los trabajadores, han abandonado ese sistema. En América Latina, el primero en renunciar a la privatización fue Argentina. Así que en la contabilidad social ya hay cuatro menos en favor de la privatización. Y ya veremos lo que pasa en el sistema guatemalteco. Actualmente tiene alrededor de 1 millón 230 mil afiliados. No deben jugar con ellos. Los trabajadores son personas con derechos humanos; no son mercancía.