La fuente de nuestra corrupción radica, en muy buena parte, en el alto grado de discrecionalidad de quienes ejercen el poder. Desde presidente a ministro o director general, alcalde, concejal o jefe de servicios, “los negocitos” se tejen porque el sistema es poroso y es proclive a que la discrecionalidad se maneje desde cualquier ángulo. La determinación, en una revisión fiscal, por ejemplo, de qué gastos son afectos al crédito del impuesto al valor agregado, o cuánto cobrará la aduana por tres camisas que se piden en Amazon, o bien, cuando las municipalidades ponen las multas de tránsito, entre otros casos nos muestran que vivimos en un país donde quien manda no aplica reglas, sino simple y sencillamente decide lo que es el derecho y punto.

Si nuestro margen de discrecionalidad no existiera del colosal tamaño que es, La Línea (uno, dos, tres, etc.) jamás se habría generado, y bajo el supuesto de que quienes están aprehendidos son responsables y La Línea estuviera desmantelada, hay muchos en fila para armar una nueva y solo hubo corrimiento.

Estimar que la lucha contra la corrupción debe darse solo en lo penal es el absurdo más grande que se construye. Sin importar lo que el Ministerio Público y la Cicig hagan o dejen de hacer, el problema de la corrupción es estructural y la misma no se combatirá si los márgenes discrecionales en el estamento público siguen como ahora, porque del poder se abusa casi por naturaleza. El punto nuestro es que como los abusos son impunes, no hay límite para que alguien pueda corromperse.

Las corporaciones municipales y, para ser justos, los entes autónomos, incluyéndose a la Universidad de San Carlos y la Confederación Deportiva, que por sus naturalezas deberían ser ejemplos de transparencia y dinamismo administrativo, concentran demasiada discrecionalidad, llegándose a extremos ridículos donde quienes ejercen determinados cargos se convierten en “Señores Feudales” que pueden hacer lo que se les da la gana. Solo basta ver a ciertos decanos y presidentes de federaciones.

Sin caer en la polarización de estar a favor o contra este gobierno, si por lo menos en esta gestión existiera un esfuerzo serio y coherente para combatir las prácticas discrecionales dentro del Organismo Ejecutivo, se vería alguna luz. Basta y sobra conocer en qué orden se resuelven las peticiones, de cualquier naturaleza pero sobre todo las que se refieren a pagos, para percatarse de que hay una puerta enorme de corrupción en esos ámbitos. Eso sin decir una palabra de cómo se nombran y qué hacen nuestros embajadores.

La discrecionalidad administrativa fuera de los márgenes legales es el cáncer que carcome la gestión pública, porque aunque un funcionario haga lo que debe hacer, en el orden que debe hacerlo, cumpla sus competencias de la manera en que debe satisfacerlas, sus jefes tienen amplios márgenes discrecionales que destruyen esa actitud y siempre habrá entes privados que quieran aprovecharse del poder.

Al llegar determinado partido al gobierno se produce, como botín de asalto, la posibilidad de decidir lo que se le da la gana y así llegamos a lo que hay en Presidios, Policía Nacional, Ejército, Magisterio y Salud, por citar los más “populares de las noticias”, donde quienes mandan buscan socios y los escándalos fluyen.

La discrecionalidad es grosera y poca esperanza existe porque en una República se esperaría que los tribunales pudieran corregir estos entuertos, pero tanto el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral han tenido horrores discrecionales en su administración, y esto no se vale, porque para combatir la corrupción el ejemplo de las Cortes debiera ser la principal palanca.

@Alex_balsells