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EDITORIAL

Distorsiones sobre función del Ejército

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El Ejército de Guatemala conmemoró ayer su 146 aniversario con un desfile en la cabecera de Quetzaltenango, alejado de cualquier posible crítica o protesta de grupos adversos como ocurrió en años anteriores, antes de optar por una conmemoración privada, lo cual debe verse como un intento por evadir cualquier polémica.

Sin embargo, esto será difícil porque la institución armada no ha estado ajena a la espiral de corrupción que permeó las estructuras del Estado, en forma rapaz, durante los últimos treinta años, y los escándalos y procesos también alcanzan a varios de sus integrantes, quienes además se han visto involucrados en señalamientos por vinculaciones con sectores criminales.

No ha existido hacia lo interno una lectura adecuada sobre la necesidad de cambios y de una modernización que vaya en sintonía con requerimientos de una era diferente, y más bien, lejos de impulsar esa necesaria renovación, se dan acciones dirigidas a la conservación de prebendas que llaman a la preocupación, por el papel que la institución armada está llamada a jugar en una sociedad democrática y sobre todo a raíz de lo establecido en los acuerdos de paz.

Lejos de eso, lo que se observa es un afán por hacer del Ejército una entidad muy alejada para los fines que deberían ser su razón de existir. Parte de esa responsabilidad recae sobre el mandatario Jimmy Morales o sobre quien le sugiere medidas que despiertan la controversia, como ocurrió al inicio de este gobierno, cuando se puso a la tropa a fabricar escritorios o a reparar carreteras y puentes, lo cual no estaría mal si eso obedeciera a situaciones de emergencia.

No es así y socava la responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, entidad responsable de esas y otras tareas, y la polémica se acrecienta cuando se informa que el mandatario ha decidido dotar al Cuerpo de Ingenieros de equipo pesado para construcción, valorado en más de 55 millones de quetzales, para recapeo de la cinta asfáltica, lo cual fue duramente criticado por el sector privado.

Otra medida polémica fue la autorización gubernamental para que la Industria Militar ampliara su poder de comercialización para surtir de productos a cualquier dependencia del Estado, lo cual tampoco beneficia a la institución castrense, pues en el pasado reciente esa entidad motivó duras críticas por ser una de las fuentes de corrupción dentro del Ejército.

Cuando las autoridades civiles se prestan a maniobras de esa naturaleza, en nada contribuyen a fortalecer la imagen de la institución castrense, porque se percibe un acomodamiento o una manipulación que puede terminar siendo perjudicial para los mismos militares, porque muy pocos creen en la necesidad de las tareas que se les asignan en momentos cruciales para el fortalecimiento de la democracia.

Quizá sea el momento de revisar esas actuaciones porque el Ejército es la institución más hermética para la rendición de cuentas, y los millonarios recursos que se le están asignando en los últimos meses corren el riesgo de tener un destino oscuro o beneficios de difícil comprobación, por la misma protección que las leyes le asignan.