Una persona a quien tengo en alta estima decidió hace varios años dedicarse a la crianza de ganado caprino y a la producción y comercialización de los lácteos y sus derivados. Por eso, todo el año pasado se tomó en mi casa deliciosa leche de cabra y yogur, y paladeamos uno de los más sabrosos quesos de untar de tipo artesanal que he probado en mucho tiempo. Todo fresco y entregado en puerta, gracias a su laboriosidad.

Los días de entrega, solíamos quedarnos a conversar un ratito, al calor de una taza de café y panitos untados con queso de cabra. Si el acontecer nacional no dominaba la conversa, solía aprender acerca de lo que significa intentar ser un empresario en Guatemala, sin formar parte de ese pequeño grupo de familias que han prosperado por siglos y décadas a la sombra de las ventajas que les ha conferido el Estado; tampoco son de los otros que, al no formar parte de esa casta, decidieron imitarla, asaltando directamente las arcas estatales.

Como jamón del sándwich, queda un significativo segmento de actores económicos de pequeño y mediano tamaño, que son los que aportan, además, la mayor parte de empleo formal en el país. Personas que, como mi conocido capricultor, tienen circunstancias particulares de vida que les permiten contar con algunos capitales básicos —educación formal, una propiedad heredada, un patrimonio familiar— para el emprendimiento, pero que rara vez cuentan con el apoyo del Estado para apoyarlos en el proceso. La política económica está enfocada en mantener la estabilidad macro del país, pero escasamente aborda los retos concretos de la economía real, menos aún tiene programas efectivos para apoyar realmente a la gente que se juega su patrimonio en estos emprendimientos. Casi siempre llenos de entusiasmo y de ganas de hacerle ganas, pero están cortos de capital, y con limitaciones para llenar los requisitos que les permitirían acceder a créditos productivos a bajo costo y a otros insumos necesarios para producir. Por si fuera poco, tienen que lidiar con un marco de reglas del juego que fueron diseñadas para que otros prosperen, y para proteger al sistema financiero; en simultáneo, se enfrentan con ese denso tejido corrupto que pervive tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales, que incrementa los costos de acceder a servicios que son clave para el negocio —servicios básicos, licencias, permisos sanitarios, etc.—, o bien, retrasa gestiones críticas, que solo terminan resolviéndose con un pago indebido.

Mineco, Maga y Ministerio de Trabajo, y un conjunto de entidades satélite del Ejecutivo y otras descentralizadas, tienen responsabilidad en este tema. Si bien el ministro de Economía tiene la intención de apoyar que se activen las economías locales, los instrumentos financieros que tienen para apoyar a los emprendedores potenciales exigen perfiles y requisitos que la mayoría de la gente que necesitaría dicho dinero no reúne. Se establece, por consiguiente, un patrón donde la mayoría que necesita capital para producir sigue quedando excluida.

Si ya había pocas oportunidades económicas a nivel nacional, incluso para empresarios que tienen una base mínima para producir, ahora se espera, encima, el retorno de cientos de deportados al país, que tendrán necesidad de reinsertarse en la economía nacional y que muy seguramente vendrán severamente endeudados. ¿Qué respuesta les daremos como sociedad? ¿como gobierno? Durante décadas, las remesas han constituido el único elemento que ha interesado a esta sociedad. Han contribuido inclusive a mantener la tan preciada estabilidad macroeconómica. ¿Qué les devolveremos ahora?