Una de las características más lamentables de la confrontación armada que estremeció a Guatemala es que los grupos vinculados con el poder habían adquirido prácticas muy repudiables de descalificación y desprestigio de quienes consideraban enemigos gubernamentales o de quienes cumplían de manera satisfactoria con denunciar los abusos.

Los excesos de esa época iban dirigidos contra autoridades, políticos y periodistas o críticos de las extralimitaciones. Hoy, la tecnología ha facilitado buena parte de esa labor y se insiste en las campañas negras, en las descalificaciones y en rumores infundados, pero ahora los ataques se caracterizan por estar dirigidos contra quienes combaten la corrupción.

A casi dos años de que se iniciara una de las más decisivas batallas para erradicar ese flagelo, todavía resulta difícil creer que figuras tan relevantes de la administración pública y del Poder Ejecutivo estén tras las rejas, entre ellas exgobernantes, exministros y otros dignatarios, sindicados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber incurrido en una serie de acciones ilícitas.

La tarea no ha sido fácil y ha causado escozor en varios sectores, algunos de los cuales han reaccionado de manera virulenta, con tácticas que recuerdan pasajes oscuros de la historia nacional, a fin de desacreditar a las autoridades que encabezan de manera digna esos esfuerzos.

Tanto quienes financian como quienes ejecutan esas acciones no parecen darse cuenta de la enorme distancia entre épocas, y que hoy esos esfuerzos clandestinos son más proclives al fracaso, sobre todo cuando se pretende la defensa de un modelo infame, en el cual se privilegia el abuso generalizado, y eso también tiene límites. Esos guerreros de la oscuridad también persisten en la obstinación de buscar la defensa de una conducta cuyos efectos pueden afectar a otras naciones.

Tampoco deben ignorar que el impacto de la corrupción trasciende el ámbito nacional y a eso obedece que quienes encabezan los esfuerzos por desacreditar al MP y a la Cicig se han encontrado con un rechazo contundente por parte de la comunidad internacional, que rápidamente ha respondido con mensajes de solidaridad y respaldo a las figuras más emblemáticas en la lucha contra la corrupción.

Los últimos ataques de grupos arropados en el anonimato en contra de esos esfuerzos solo han exacerbado los ánimos en el exterior, al extremo de que Naciones Unidas, congresistas de Estados Unidos y de Europa también han mostrado su profundo rechazo a esas tácticas del pasado, expresando su pleno apoyo a Thelma Aldana e Iván Velásquez, y en el caso concreto de los estadounidenses, piden incluso que el Congreso de ese país condene esos ataques y exija la continuidad de la batalla contra la corrupción.

Quizá quienes conducen los hilos de esas campañas clandestinas no esperaban una reacción tan contundente de la comunidad internacional, pero es probable que tampoco comprendan cuáles son las prioridades en Washington.