Opinión

Bien público

El aborto como parte de las políticas públicas

Jonathan Menkos Zeissig

Jonathan Menkos Zeissig

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El pasado junio falleció a los 89 años, Simone Veil, sobreviviente del holocausto y la primera mujer en presidir el Parlamento de Estrasburgo (1979 a 1982). En 1975, siendo la ministra de sanidad francesa, logró liderar la aprobación de una ley que incluía la despenalización del aborto, tanto por razones médicas como por la propia voluntad de la mujer (inducido) en el primer trimestre del embarazo. Francia se convirtió así en el primer país católico que no encarcelaba a las mujeres por abortar, lo que a Veil le valió insultos como asesina, demoníaca, libertina y otros peores provenientes de sectores obscuros de la iglesia católica, de los judíos ortodoxos e incluso de miembros de su derechista partido oficial. Ella los soportó convencida de que la ley pondría fin a una injusticia y aportaría una solución humana a uno de los problemas más difíciles de estos tiempos.

En un histórico discurso al parlamento, la entonces ministra mencionó tres elementos que debemos comprender al abordar este problema. Primero, “El aborto debe seguir siendo la excepción, el último recurso para situaciones sin salida (…) Ninguna mujer recurre gustosamente al aborto. Basta con escucharlas. Es siempre una tragedia y seguirá siendo una tragedia”. Segundo, “La mayor parte de ustedes saben que no pueden impedir los abortos clandestinos y que tampoco se puede aplicar la ley penal a todas las mujeres a las que cabría imponer su rigor”. Tercero, “Saben que la misma mujer, si tiene dinero y sabe informarse, se irá a ciertas clínicas de un país vecino o incluso de Francia y podrá, sin correr ningún riesgo ni penalidad alguna, poner fin a su embarazo. Y esas mujeres no son necesariamente las más inmorales o las más inconscientes. Son 300,000 cada año. Pasamos a su lado todos los días sin conocer nunca su desamparo y sus dramas”.

En Guatemala ―el aborto solo se avala en caso de que la vida de la madre esté en peligro―, el estudio realizado por investigadores del Guttmacher Institute (2006), estima que cerca de 65,000 abortos inducidos ocurren anualmente. El embarazo no planeado fue la causa principal. Esto evidencia que los impedimentos legales no disuaden a las mujeres que han tomado la decisión, pero sí aumenta sus riesgos. Tres de cada cinco mujeres que tienen un aborto inducido sufren complicaciones que requieren hospitalización. Las mujeres indígenas, rurales y pobres, tienen tres veces más probabilidad de utilizar los servicios más inseguros. Cuando hay complicaciones, tres de cada cuatro deben recurrir a instituciones de salud estatales.

También hay documentadas demasiadas historias de niñas convertidas en madres. Algunas sin comprender qué pasó pero habiendo sido sometidas a violaciones sexuales por familiares, maestros y vecinos; otras casadas con sus abusadores o dejadas a su amparo y fuera de la escuela. Ellas también sufren los efectos de leyes y políticas públicas fundadas en creencias, alejadas del conocimiento científico y de la realidad.

Ante esto y para evitar la sobreutilización del aborto, el aumento de riesgos a las mujeres o su castigo penal, el Estado debe garantizar con recursos humanos, materiales y financieros el acceso universal a educación científica e integral en materia sexual y reproductiva, a servicios de planificación familiar y salud materna, así como la atención sanitaria y sicológica del embarazo, del aborto y del parto. El aborto inducido durante el primer trimestre debe integrarse a las políticas públicas. Guatemala debe edificar un sistema de protección y asistencia social respetuoso, moderno y laico.