La competencia entre las regiones otorga ventajas geográficas a unas empresas, pues acuden al mercado con una posición favorable. Guatemala tiene una ventaja geográfica al ser vecino de México.

Sucede que Chiapas, que optó por unirse a la federación mexicana antes de tener un incierto futuro en Centroamérica, es uno de los grandes productores de energía eléctrica. Produce casi el 40% de la energía hidroeléctrica de México. En funcionamiento tiene siete hidroeléctricas, cuatro de estas de grandes proporciones y construye una cuarta, Chicoasén II, con una inversión público privada de US$405 millones. Tiene planes de construir 11 presas adicionales y además tiene un parque eólico de producción eléctrica con una inversión privada de US$70 millones. Chiapas es un gran exportador de energía limpia no nuclear.

La capacidad instalada de producción eléctrica en México muestra que el 73.6% es térmica; 21.6%, hidroeléctrica; 2.8%, nuclear; y 2%, geotérmica, porcentajes que se alteran por el rápido crecimiento de la eólica, en los estados de Oaxaca y Chiapas.

En nuestro país existen varios impedimentos al desarrollo de la producción de energía. En primer lugar, existe horror a la inversión pública. Se desconoce que el Gobierno es una concentración de iniciativa para el progreso, por lo tanto obligado a emprender proyectos para la modificación de la situación económica y social. La gestión pública debiera detonar proyectos productivos que no se inician por la incertidumbre inicial, proveniente de obstáculos burocráticos y legales que solo puede remover el mismo Estado.

En segundo lugar, el sector eléctrico es altamente corrupto y parasitario. Un pequeño grupo de funcionarios se ha apropiado de la función gubernamental de la regulación del mercado eléctrico, en fuerte alianza con los empresarios del sector que impulsan una economía de cartel. Hasta asesinatos se han producido contra funcionarios honestos involucrados en la administración del sector, como el habido el 15 de julio de 2004 contra el ingeniero Jaime Cáceres Knox.

En tercer lugar, está organizada una estructura mafiosa de sabotaje contra la inversión en producción eléctrica. Un estudio a profundidad ameritaría conocer las razones de las fuentes de subsidio a la oposición de los proyectos, especialmente hidroeléctricos, así como los participantes que involucran a funcionarios públicos de seguridad, economía y de las municipalidades.

En fin, el país está condenado a no aumentar la producción de energía eléctrica. No obstante, queda un recurso: comprar la energía que produce en demasía Chiapas, México, para paliar la falta de visión de futuro de los dirigentes nacionales. Para el efecto hay dos líneas de conexión con México. La última es la subestación Los Brillantes, Retalhuleu, que duplicó la capacidad importadora del país.

Para consuelo de tontos, si mal estamos, peor están El Salvador, Honduras y Nicaragua, que son importadores plenos de energía eléctrica. En el marco de la integración centroamericana se fundó un Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. De esa cuenta, Guatemala resultó con energía en exceso, pues además de la producida localmente, tiene el apoyo de la mexicana, lo que le facilita exportarla a CA.

Esta situación ha molestado a funcionarios de los países importadores, tan corruptos como los nacionales, instalados en el Ente Operador Regional, que desconectaron al país de la red centroamericana, con lo que aumenta el coste en sus países. Pero, ¡qué les importa! Al fin no sufrirán merma en sus ingresos personales porque las plantas de su propiedad no dejarán de producir.