En la medida que avanza la lucha contra la corrupción y la impunidad, decrece el apoyo de las élites a la dupla MP-Cicig y se acrecienta su unidad. El objetivo común es recuperar el control y el terreno perdido. Son muchos y poderosos, otrora intocables, los que se han aliado para tratar de conseguir que el presidente declare non grato al comisionado Velásquez y con su salida se detenga o debilite la persecución penal contra las estructuras que mantienen capturado al Estado.

La estrategia que utilizan no es nueva, es la que han usado a lo largo de las últimas décadas para mantener bajo su dominio al país: descalificar, desinformar, disfrazar los intereses criminales de intereses ideológicos, exacerbar los ánimos a partir de la ignorancia, los prejuicios y los temores de la gente.

La campaña negra contra Iván Velásquez tiene un alto nivel de sofisticación, incluyendo la acción coordinada entre Colombia y Guatemala. Las causas penales abiertas en aquel país —dirigidas por el hoy comisionado de la Cicig— que tienen en prisión a varios exfuncionarios, diputados y colaboradores cercanos del entonces presidente Álvaro Uribe, han querido mostrarse en Guatemala como parte de un complot contra la derecha colombiana, cuando en realidad se trata de una investigación judicial de enorme envergadura que permitió develar los vínculos de políticos con paramilitares que devinieron en masacres, desplazamientos forzados y asesinatos colectivos. También quedó probada la existencia de una estructura criminal que desde el gobierno espiaba ilegalmente a jueces, magistrados, periodistas y opositores políticos.

Esto, unido al rechazo que generaron en la élite económica de nuestro país las capturas de empresarios vinculados al caso Cooptación del Estado y Aceros de Guatemala, ha sido la combinación perfecta para hacer ver a Velásquez como un “enemigo ideológico” que busca a través de casos penales debilitar a la derecha, a los militares y a los sectores empresariales.

La animadversión hacia la Cicig se extrapoló al proceso de reforma constitucional. La aprobación o no de las reformas se percibe por estos sectores como una victoria o una derrota de la Comisión, y así la están jugando. En la práctica, hay una cooperación entre los opositores y enemigos de Velásquez y la Cicig y quienes se oponen a la reforma constitucional porque afecta sus intereses —incluidos los criminales—; y no me refiero aquí a los grupos o individuos que genuinamente cuestionan algunas de las propuestas y plantean sus argumentos, sino a quienes ven en estos cambios legales la ruptura del status quo de la impunidad.

La tensión a la que está sometido Jimmy Morales, con los procesos penales contra su hijo y su hermano, ha sido convenientemente utilizada por quienes conforman su entorno cercano para acrecentar su influencia sobre el mandatario y convencerlo —exacerbando su miedo— de lo que pueda hacer Cicig en el futuro. Seguramente por eso sigue sin desechar la idea del acuerdo gubernativo para expulsar a Velásquez y habla de intentos de golpe y/o salidas por la vía democrática (¿?).

El miedo también es la tónica que se usa para argumentar contra la reforma. Bien saben sus “estrategas” que basta con exacerbar los prejuicios, la ignorancia y el racismo de esta sociedad para lograr los objetivos.

Nos jugamos la reversión o la continuidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Que nadie se confunda, las mafias están haciendo lo que saben hacer para conseguir retomar el control. El ambiente enrarecido y polarizado no es casualidad, es parte del guión de la impunidad.

@MarielosMonzon