Me cuento entre quienes desde hace años hemos reclamado el derecho al voto para los guatemaltecos residentes en el extranjero, muchos de los cuales unos se fueron para escapar de la carnicería en que fue convertido el país por dictadores inmisericordes, y otros porque deseaban ilustrarse, mejorar su situación económica, o por ejercer libremente su derecho a viajar, cambiar de residencia, y vivir donde la libertad es un bien permanentemente vivo.

Hemos reclamado también porque se reconozca plenamente el derecho de las mujeres a participar en situación paritaria de la toma de decisiones en el ámbito nacional, para lo cual habría que principiar por obligar a los partidos políticos, y a otras entidades que eligen a sus directores mediante votaciones, a postular candidatas mujeres, en una proporción del cincuenta por ciento de las candidaturas.

Se trata en ambos casos de un reconocimiento a derechos humanos básicos, por lo que me alegra que en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Congreso de la haya incluido normas que permitirán a guatemaltecos residentes en el extranjero votar en elecciones para presidente y vicepresidente. No podrán hacerlo en relación con diputados y alcaldes y concejales, lo cual es en nuestro caso una restricción al principio de igualdad de derechos contemplado en la Constitución Política de la República.

Por ese motivo la cultura cívica de Guatemala no puede estar de plácemes y, supongo, que tampoco lo están los emigrados a quienes los partidos políticos dominantes les han privado no solo del derecho a permanecer en su patria sino también les suprimen la voz cívica y los marginan del derecho a ser parte activa en decisiones de carácter nacional.

Una cultura política plena incluye el derecho de los emigrados a ser electos para todos los cargos posibles en el marco de nuestra legislación, porque no siempre los políticos que están dentro de las fronteras son mejores que los que están fuera de ellas.

Juan José Arévalo —único filósofo y científico de la educación que Guatemala ha tenido como presidente, y reconocido como tal a nivel internacional por sus excelentes libros—, residía en el extranjero cuando fue propuesto candidato a presidente en el Partido Renovación Nacional (PRN). Arévalo entonces no militaba en política partidista.

Así que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no deben ver por sobre el hombro a los emigrados. Quién sabe si entre ellos hay en ciernes un moderno Juan José Arévalo Bermejo que pueda dar a la función presidencial toques de filosofía, literatura, humanismo, buena oratoria, honradez y moralidad política.

La limitación mencionada se inspira en la legislación de España. Los españoles residentes en el extranjero no votan por alcaldes, concejales y diputados, porque la ley determina que esos funcionarios son elegidos por los vecinos y no por los españoles en general. Aquí es distinto. El sistema enlaza los votos por diputados de lista nacional con los de candidatos a presidente y vicepresidente. El voto vale para todos.

Ahora falta organizar con perfección el sistema de votación de los emigrados y darles facilidades para hacerlo. En el sistema estadounidense los residentes en el extranjero solicitan por correo electrónico una boleta o tarjeta postal electoral, la imprimen, la firman y la envían a la oficina electoral respectiva en los Estados Unidos. El votante da la dirección de su correo electrónico para contactarlo si se detecta algún problema. Y, ya.

Me parece que la votación directa por correo electrónico podría ser un buen sistema, si existieran condiciones para adoptarlo.

En las próximas elecciones, de todos los que están fuera muy pocos se inscribirán para votar, por causas diversas.

Pero, por pocos que sean, merecen ser bien atendidos, no solo porque su manifestación de voluntad puede incidir en los resultados electorales, sino porque son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.