Dos cosas nos regalan los octubres guatemaltecos desde 1944: la memoria de una revolución y la posibilidad de dialogar acerca de la esencia de cualquier acto revolucionario. Por ello me atrevo a recordar el 2015 y nuestras plazas habitadas por una ciudadanía “despertante”; los esperados jueves de Cicig; los permanentes debates, diálogos e intercambios ciudadanos que fortalecieron el músculo social y se convirtieron en una especie de inducción acelerada sobre temas de importancia nacional, a partir de hechos que abrieron fisuras en un statu quo de impunidad, silencio, corrupción y abuso de poder.

Entonces le llamamos terremoto, primavera y hasta revolución. Y aunque no cumplía a cabalidad con la definición de ninguno de los conceptos anteriores, definitivamente la percepción ciudadana fue de movimiento y germinación. Pasamos de la acostumbrada modorra a los inicios de procesos de cambio político y social. Tan fuerte fue el remezón que hasta se llevó a un outsider al Ejecutivo —que resultó no serlo tanto en las formas y mañas políticas—.

Así abrimos el 2016. Con una sociedad, en general, más vigilante del quehacer político, y con hechos que nos tenían latiendo la esperanza casi a ritmo de taquicardia. El Congreso, espacio de negociación política por excelencia, presidido por uno de los más polémicos políticos de la vieja guardia, comenzó a dar sorpresas. Desde el discurso inicial, su presidente habló de nuevas formas de gestión política y transparencia. Y sucedió: allí, donde supuestamente se establecen los pactos que fundan la gobernabilidad democrática, se destapó una de las más grandes cloacas del Estado guatemalteco.

El 17 de enero de 2016, a instancias del presidente del Congreso, la sociedad conoció la nómina de empleados del Legislativo y sus salarios, así como el caso de las plazas fantasmas en ese organismo, que incluían, en algunos casos, hasta a sus mismos familiares. Conserjes con salarios de 30 mil quetzales, contadores de 60 mil, secretarias de 40 mil y choferes de 20 a 25 mil. Un escándalo que toca, por supuesto, a las juntas directivas anteriores. Recordamos que tener una cohorte de empleados no es derecho adquirido por ningún diputado, y que los empleados y empleadas del Congreso cuyos salarios y plazas son inadecuados, sobrevaluados e irregulares, deslegitiman las justas y verdaderas demandas de cualquier trabajador. En esas condiciones había sido construido un Pacto Colectivo que no honra la intención original de este tipo de instrumentos. Así, todo este andamiaje de corrupción parecía comenzar a resquebrajarse. Luego vendría la decisión de la Comisión Pesquisidora del Congreso, que dio con lugar el antejuicio del expresidente Pérez Molina para que pudiera ser llevado a la justicia. Y llegó también, en los primeros siete meses, la aprobación de casi medio centenar de leyes e iniciativas, muchas de las cuales eran parte de agendas políticas anteriores.

No puse el nombre del presidente del Congreso porque no aludo a la persona, sino al cargo. Y más allá de que nos guste o no la persona, ha hecho un trabajo que marca una clara diferencia con gestiones anteriores. Pero el próximo martes habrá elección de nueva junta directiva en el Legislativo y todo podría volver a ser como antes. Son demasiados los interesados en que el estado de cosas no cambie.

Si el bloque oficial (FCN) llega a manejar el Congreso, marcaría un claro retroceso en la intención de quebrar con el pasado. Recordemos que esa bancada es la sumatoria del PP+Líder; apellidos como Rabbé, Ovalle, García Rodas, Galdámez, Giordano, Melgar Padilla, Crespo o Hernández nos recuerdan el pasado al que no queremos volver y la Guatemala que no queremos ser. Tuvimos un 2015, y podríamos tenerlo de nuevo si gente como esta insiste en tener el poder, porque la plaza sigue viva, y su espíritu somos nosotros.

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