Entre tuitazos, feisbucazos, editoriales, columnas, talk shows de radio, televisión y conferencias de prensa, nos movemos. Una masa ideológica amorfa en constante movimiento, tirándose a la yugular con argumentos ajenos a la centralidad de la cuestión o a la problemática de fondo.

Desde hace meses, la cuestión se ha vuelto visceral, personal, con insultos. Se ha perdido la objetividad, la polarización es creciente —y aparte de insistir en que la Cicig se quede o se vaya— no hay propuesta que aborde el problema de fondo.

Se ha escrito extensamente sobre el tema de la corrupción y la impunidad. No somos pocos lo que he hemos repetido hasta la saciedad que el problema es sistémico, estructural y cultural. Y que la solución no es solo acciones persecutorias —lo cual hay que seguir haciendo—, sino un conjunto de medidas, leyes, reformas y acuerdos.

La primera piedra grande por quitar del camino es desistir de la idea de “bajarse” a este presidente. Enviar a su hijo a prisión fue una estrategia deplorable y arriesgada que no solo destruyó la coordinación y cooperación entre el Ejecutivo y el Ministerio Publico sino, lo más grave, con la propia Cicig, haciendo inviable el convenio marco y propiciando toda la insanidad “non grata” que pervive hasta el de hoy.

Se ha perdido el verdadero objetivo de combatir la corrupción y la impunidad, cambiándola por una disyuntiva simplista de “si el comisionado Velásquez se queda o no”, y con ello el incumplimiento de una de las funciones más importantes del artículo 2, inciso C, del Convenio Cicig: “Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas” para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”.

Y aquí pauso para reiterar que si el incentivo principal que propicia la corrupción es el enriquecimiento ilícito, léase plata, dinero, entonces pregunto: ¿Por qué a lo largo de estos 11 años desde la firma del convenio, la Cicig no ha propuesto ninguna ley anticorrupción? A excepción de las reformas constitucionales para fortalecer la justicia con un componente delicado pegado al rabo, cual era el pluralismo jurídico que al final se trajo abajo el proyecto. Nada. ¡Once años, señores!, y no hay una sola propuesta para eliminar los incentivos perversos y los criterios discrecionales que fomentan participación de la clase politiquera corrupta que padecemos que ven su participación como un medio para enriquecerse. ¿Dónde está una nueva Ley de Compras y Contrataciones para transparentar los 84 mil millones de quetzales del Presupuesto General de la Nación, que según el Banco Mundial el 25 por ciento se evapora en “gasto opaco”, léase robo, despilfarro, enriquecimiento ilícito? Con solo esa ley, las compras y contrataciones serían vigiladas por entes internacionales como la SGS —que por cierto ya estuvo aquí en tiempos de la Democracia Cristiana y se la zafaron, porque hacía demasiado bien su labor—.

Llora sangre que, sabiendo que la mayoría de los que están siendo enjuiciados —otro problema: el sistema colapsado y sin penas concretas— es por ilícitos dinerarios, propiedades, bienes, contratos, plata, money, money. ¿Y si existiese una ley eliminando ese caldo de cultivo, que de la noche a la mañana transparentaría los contratos tipo Odebrecht —medicinas, pasaportes, licencias, Renap, construcciones multimillonarias, servicios a cárceles y hospitales—? Upppps… ¿Espejito, espejito, quién querrá meterse a la política si ya no hay money? La respuesta, con toda seguridad, la nueva semilla política, la nueva generación de jóvenes idealistas, patriotas, que quieren servir a su país.

Recibí con beneplácito que un grupo del sector empresarial esté estudiando el paquete de leyes anticorrupción a proponer próximamente.

¡Once años, señores!

alfredkalt@gmail.com