EDITORIAL

Enfrascados en diálogo de sordos

Guatemala está urgida de recuperar un mínimo de normalidad, lo cual no será tan fácil si quienes han contribuido de manera decisiva en el deterioro de las instituciones no ponen de su parte, asumen su responsabilidad en la actual crisis e implementan medidas encaminadas a afianzar un proceso de recuperación que ahora parece cuesta arriba.

Quienes tienen bajo su influencia al presidente Jimmy Morales deben dar muestras claras de compromiso con un diálogo honesto y dejar de lado la interferencia en el funcionamiento independiente de otros poderes del Estado, y no exponer al mandatario con supuestos apoyos que más bien le restan credibilidad.

En esta etapa, el Congreso también debe hacer grandes esfuerzos por restablecer su maltrecha imagen, y allí todo debe girar en reducir la incertidumbre sobre las insistentes versiones acerca de reiterados cabildeos para buscar modificar leyes en beneficio de quienes han sido secretarios generales de los partidos políticos.

Mientras el Legislativo no sea capaz de encontrar interlocutores válidos, no se disiparán las muestras de indignación, como se ha observado en algunas cabeceras departamentales.

Una tarea similar corresponde al Tribunal Supremo Electoral, que debe mostrar más independencia para depurar un sistema cooptado por mercaderes de la política, cuya dirigencia incluso ha llegado a extremos de operar en abierto desafío a la ley.

Las huellas del desastre provocado por la incontrolable corrupción del desaparecido Partido Patriota no serán fáciles de borrar si no hay señales de un cambio de dirección, dentro de lo cual no caben exabruptos como los del Ministerio de la Defensa, las muestras de abuso del Congreso y las imprudencias frecuentes en las que incurre el presidente.

Hoy se celebra la segunda jornada de uno de los más importantes procesos de uno de los sectores claves en la actual coyuntura, como es la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero dicho evento corre el riesgo de fracasar si persiste la obstinación de impulsar candidaturas proclives a favorecer la impunidad y a maniatar al Ministerio Público.

Son persistentes las versiones que apuntan a una lucha intestina en el más alto órgano de justicia del país por conservar una cuota de poder para incidir en la próxima elección de fiscal general. Al parecer, lo que menos importa es la idoneidad de quien ocupe ese cargo y más bien se cree que los esfuerzos están encaminados a favorecer a quienes se inclinan por continuar con un vergonzoso sometimiento de las instituciones.

Es lamentable y peligroso cuando no se apuesta por los mejores prospectos para encabezar uno de los tres poderes del Estado en momentos en que el país requiere de la mayor responsabilidad.

Queda claro que para salir de la actual crisis aún existen enormes valladares por superar, pero esto será mucho más difícil si quienes tienen en sus manos la posibilidad de incidir actúan de manera contraria al interés común e insisten en la manipulación de hechos, situaciones y procesos cruciales para empezar a ver la luz al final del túnel.

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