Opinión

pluma invitada

Espanta la pena de muerte

Jaime Córdova Palacios

Jaime Córdova Palacios

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Pena de muerte

Diversos sectores del país exigen la urgente vigencia y aplicación de la pena de muerte, suspendida hace 16 años, argumentando la diaria y repudiable acción criminal contra la ciudadanía en general, pero peculiarmente contra la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, pilotos, policías y demás gente inocente, desprotegida, indefensa, insegura, sin recursos, que camina a pie y usa transporte colectivo, mientras que los extranjeros que manejan estos convenios viven en lujosas residencias, con seguridad, vehículos blindados y fabulosos sueldos.

Defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por su parte, se oponen rotundamente a este castigo penal, porque lo consideran atentatorio contra el derecho a la vida, además de represivo y que no constituye solución alguna a la criminalidad.

Existe una iniciativa de ley para que cobre vigencia la pena capital contra secuestradores, asesinos y violadores, presentada por los diputados Álvaro Arzú, Juan José Porras, Marcos Yax y Marta Tabush, incluyendo a Zury Ríos, exparlamentaria y excandidata presidencial, que lo hizo en su oportunidad. Este modelo jurídico es apoyado por un fuerte sector de estudiantes de la Universidad de San Carlos, manifestantes en la Plaza de la Constitución y miles de guatemaltecos en las redes sociales y entrevistados por medios periodísticos.

De cobrar validez esta adusta condena, según opinión popular, sseguros candidatos a recibir de inmediato la inyección letal vía intravenosa —antes dantesco fusilamiento— serían los crueles asesinos de una bebé de tres meses, ultimada despiadadamente de un balazo en el cráneo, como si fuera criminal, junto a su madre, que la llevaba en brazos, acto del cual se salvó de morir, milagrosamente, su hermanita.

También serían condenados a la pena capital quienes mataron a Linda Esperanza, 9, junto a sus padres, en Villa Nueva; los asesinos de Óscar Armando, 11, y Carlos Daniel, 10, en San Juan Sacatepéquez, y quienes dieron muerte a Carla Marina, 12, junto a su abuelita, en Zacapa.

También los criminales de numerosos pilotos, ayudantes y pasajeros de buses; de la periodista Alma Guerra Olmedo en esta capital y colegas departamentales, del agente policial protector de usuarios de una camioneta asaltada en el Periférico; de cuatro monitores del correccional Etapa 2; de tres policías víctimas de venganza por pandilleros a raíz de la tragedia en el Hogar Seguro, y de extremada cantidad de repudiables asesinos.

¿Y por qué no? el mismo castigo merecen los soldados beliceños que, con alevosía y fusiles de alto calibre, sacrificaron al pequeño compatriota Julio René, 13, caso distinto jurisdiccionalmente que podría ser tratado a nivel internacional.

Esta pena legal no se aplica desde que el expresidente Alfonso Portillo renunció a su potestad de indultar a condenados a muerte, por lo que la Corte de Constitucionalidad resolvió que tal ley de 1982 no especificaba qué autoridad debía valorar los recursos de gracia de los sentenciados, correspondiendo al Organismo Legislativo enmendar este vacío legal. El también exmandatario Álvaro Colom vetó el decreto legislativo que devolvía al gobernante la potestad de conmutar esta sanción, argumentando violación de artículos constitucionales.

Tres reclusos fueron castigados con esa pena, por última vez, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón —nada que ver con su nombre— y más de 50 condenados pendientes a la fecha.

El pueblo urge de seguridad y paz. ¿Qué sucederá? Solamente Dios lo sabe.