El sábado pasado las municipalidades recibieron un generoso regalo por parte del presidente de la República: Q500 millones en exoneraciones de multas e intereses que le adeudan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los exoneraron por no cumplir con su responsabilidad de pagar la deuda que le tienen a esta institución, que suma más de Q1,000 millones a la fecha. Peor aún, el regalito cuenta con la venia de la Junta Directiva del IGSS —no por decisión unánime—, cuando por todos lados hay evidencia de los despilfarros y del dolo en que incurren las municipalidades con su presupuesto, que bien deberían usar para cumplir con sus obligaciones.

El hecho de que la decisión la haya tomado en primera instancia la propia Junta Directiva del IGSS solo exacerba la gravedad del hecho. ¿Acaso es tan crítica la situación financiera de la institución que la Junta Directiva tuvo que sacrificar Q500 millones para obtener los Q1,000 millones adeudados? Además, que tal medida la acuerpe el presidente de la República y su consejo de ministros ya es el colmo. Se llenaron la boca con que dejaban a Contreras —exministro de Trabajo del PP— en la presidencia del IGSS para “respetar la autonomía institucional”, pero no tienen empacho en avalar una decisión que solo deteriora más al Seguro Social y merma los recursos que deben emplearse en los trabajadores.

Pueden salir con que ésta es otra inocua “medida de eficiencia administrativa” porque, ciertamente, las exoneraciones de multas e intereses son medidas que se aplican para incentivar a las personas o empresas a que se pongan al día con sus adeudos. Tal es el caso, por ejemplo, de multas por deudas con el IUSI o con multas de tránsito. Sin embargo, estas solo se aplican en lo concreto, cuando el endeudado hace efectivos los pagos que tiene morosos o firma un convenio de pago. Por tanto, a menos que el IGSS demuestre lo contrario, haciendo pública el acta de Junta Directiva donde se deja establecida la decisión y las condiciones para acceder a ese privilegio, y se establezca un programa específico de monitoreo y rendición de cuentas sobre la regularización de esta cartera en mora, no creeré en el carácter de “medida administrativa” que le quieren dar a esta decisión. Seguiré pensando que fue hecha para seguir en la lógica de siempre: congraciarse con los alcaldes a partir de prebendas inmerecidas. A la mejor, en realidad lo hacen también para seguir abonando el paso al mercado privado del aseguramiento y de la medicina curativa privada, que parece ser la orientación que tiene la política de salud de la presente administración.

Ni las actas de la Junta Directiva del IGSS, ni el acuerdo gubernativo donde el presidente y su Consejo de Ministros aprueban hacer semejante regalo —de un dinero que no es suyo— son públicos. Para acceder a las páginas legales de la versión digital del Diario de Centro América hay que suscribirse y pagar. Solo así se puede ver un documento que tiene carácter eminentemente público. Igualmente, en el caso del IGSS se tienen que pedir las actas por vía de la Oficina de Acceso a la Información Pública, cuando estas deberían ser información de oficio, accesible en la página web institucional.

Generosos con lo ajeno, cuando el Ejecutivo ni siquiera cumple con sus obligaciones para con el IGSS de manera regular, y le adeuda millardos de quetzales, porque le sigue importando un comino que la Constitución establezca el carácter tripartito del Seguro Social y la obligación del Estado de velar por esta función pública y financiarla debida y oportunamente.

karin.slowing@gmail.com