Para nadie es un secreto que la CICIG bajo la dirección de Iván Velásquez ha sido uno de los bastiones del fortalecimiento del sistema judicial frente al poder ejecutivo, ante el Congreso y de cara a otros poderes fácticos vinculados a actividades ilícitas.  Al declararlo non grato el presidente Morales ha erosionado nuestro régimen político, basado en la independencia del poder judicial.  Quedará por determinar las implicaciones del proceso iniciado en la Corte de Constitucionalidad, pero en la práctica lo decidido por el presidente comunica mucho.

Primero, privar a la CICIG de la dirección de Iván Velásquez conduciría a reducir la capacidad de iniciativa y la presencia de la CICIG, con lo cual no solo se debilita al MP, sino también al conjunto del poder judicial frente a grupos o personas acusados de participar en actividades ilícitas. Aparte de que las características personales del Comisionado han sido una de las bases de la acción más efectiva de la CICIG, la vulnerabilidad de la CICIG sería mayor y su grado de independencia menor, pues quedaría en evidencia que, de no alinearse con las preferencias del presidente o de sus allegados, quien la dirige fácilmente podría ser despedido.

Segundo, al buscar remover una de las fuentes de posibles acusaciones en su contra, ya reflejado en la iniciativa del MP y de la CICIG de quitarle a Jimmy Morales el derecho al antejuicio, está claro que no le importó estar sujeto a un conflicto de intereses. Decidió que era mejor evitar posibles acusaciones futuras que lo podrían inculpar de un delito que lo obligaría a renunciar. Pero quizás más grave que eso es que si la iniciativa del presidente Morales tuviera éxito, podría revertir la idea de que nadie está por encima de la ley, lo cual parecía haber quedado demostrado con la renuncia y prisión del expresidente Otto Pérez. Si Jimmy Morales tuviera éxito en que se hiciera efectiva la expulsión del comisionado, la interpretación más común sería que habría logrado estar por encima de la ley. Guatemala habría dado un gran paso hacia atrás.

Tercero, consciente o inconscientemente, el Presidente se convirtió en el articulador de intereses del conjunto de grupos y personas culpables de delitos de corrupción que activamente han venido maquinando para erosionar la aplicación de la justicia. Enfrentarse abiertamente al comisionado lo ha puesto a la vanguardia de este grupo de personas. Es un papel muy triste para un presidente que convenció a dos millones de guatemaltecos de que detendría la corrupción.

Cuarto, al articular a estos grupos de personas, que incluyen a una sólida casta de políticos corruptos que están en el Congreso y otros ámbitos de poder, la acción del presidente hace más difícil la posibilidad de renovar el liderazgo político y la democracia de Guatemala. La semana pasada observamos un ejemplar caso de democracia en la Universidad de San Carlos, cuando los estudiantes decidieron votar a favor de una renovación del liderazgo de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Fue un ejemplo que todo el país debiera seguir, pero las acciones del presidente Morales consolidan el poder de una casta política que será muy difícil remover.

Finalmente, y después de la imagen positiva que Guatemala diera ante el mundo en 2015, ahora Guatemala se percibirá como un país en que la lucha contra la corrupción persiste, pero obstaculizada por una casta política corrupta, en un contexto internacional de creciente aislamiento y con relaciones diplomáticas seriamente deterioradas. Es por ello que se vuelve absolutamente fundamental no solo luchar contra la corrupción sino también buscar la renovación de la democracia y del liderazgo político, para recuperar al país que muchos vislumbraron en el 2015.

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