Hace algunas semanas, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad realizó un seminario internacional sobre la independencia judicial y las redes criminales. El tema central que ocupó a la mayoría de expositores fue el del fenómeno de “la gran corrupción” y la “macro-criminalidad compleja”.

El exfiscal peruano y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, se refirió a cómo en la actualidad nos enfrentamos a complejas redes criminales y no a individuos corruptos que actúan de manera aislada. A partir del emblemático caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, explicó cómo se tejen las alianzas y se articulan los mecanismos entre funcionarios y particulares para generar corrupción, impunidad e incluso la “captura del Estado”.

Ugaz señaló también que las herramientas legales con las que se cuenta no corresponden a la situación que se quiere enfrentar y que es necesario buscar mecanismos más expeditos para lidiar con estos esquemas de “gran corrupción”.

Por su parte, Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay, de la fundación Vortex, de Colombia, se refirieron al fenómeno de la criminalidad compleja, en la que el crimen infiltra parcelas completas del Estado y la sociedad, lo que implica que las redes están conformadas por una multiplicidad de actores —agentes económicos, políticos, sociales y judiciales— que utilizan su poder e influencia para conseguir intereses de beneficio mutuo.

Ambos expertos explicaron cómo cada vez más estas redes emplean métodos democráticos y legales —como los partidos políticos y medios de comunicación— para el cumplimiento de sus objetivos, y cómo el Estado empieza a funcionar para proteger los intereses criminales, lo que genera la captura y cooptación de la institucionalidad hasta llegar al “Estado mafioso”. Para Salcedo y Garay, una de las tareas pendientes que afrontan los sistemas judiciales es la necesidad de hacer transformaciones normativas y legales dada la complejidad y la capacidad de transformación y adaptación de las redes criminales.

El caso “Corrupción y Construcción”, presentado por el MP y la Cicig el viernes pasado, ejemplifica perfectamente el fenómeno de la criminalidad compleja, la utilización de mecanismos legales para disfrazar la corrupción y el involucramiento de un gran número de actores —de diversos sectores— para tomar por asalto al Estado. También deja muy claras las enormes falencias de nuestro sistema electoral y de partidos políticos y la extrema vulnerabilidad de la democracia guatemalteca. Ya no queda duda de que el financiamiento electoral ilícito y el tráfico de influencias constituyen las bases sobre las cuales se ha construido el sistema de partidos en el país.

Tan solo un día antes de que este caso saliera a la luz, el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado B de Mayor Riesgo, fue citado ante la junta disciplinaria judicial señalado de “retardo injustificado” en un proceso a su cargo; como si no fueran evidentes, públicos y notorios los enormes tropiezos a los que se enfrenta para dar trámite —en el marco de la ley— a los complejísimos procesos judiciales que conoce.

Lo anterior evidencia, como afirmaron Ugaz, Salcedo y Garay, que el fenómeno de la criminalidad compleja rebasa los marcos legales del derecho penal actual y que es necesario y urgente emprender estas transformaciones legales. Pero también se hace imperativo tomar las decisiones al más alto nivel judicial para flexibilizar y adaptar estructuras, herramientas y conceptos para hacer frente a estas nuevas formas de criminalidad.

@MarielosMonzon