Siendo niña, me enamoré de algunos héroes y heroínas que marcaron mi vida. Mi bisabuelo, Buenaventura Echeverría, fue uno de ellos. Aquel hombre decente y sabio, autor del primer Tratado de Derecho Constitucional Guatemalteco(1944), hizo que yo creyera que ley y justicia eran una sola cosa. Por él soñé un día ser abogada. Lo mismo sentí al ir conociendo a mi tío Alfonso Bauer Paiz, abogado de principios incuestionables. Sus ideas eran radicalmente distintas, pero entre ambos crecían unas pláticas memorables, basadas en un profundo respeto por su profesión, por la vida y la justicia. Para ellos, el Derecho sí era una doctrina ética, no solo jurídica.

Sin embargo, vivir en Guatemala durante las últimas décadas ha sido motivo suficiente para cambiar mi visión de entonces. Y no es que todo lo de antes fuera mejor, porque ya el Duque de Lerma nos había puesto la plana en la España corrupta y monárquica del siglo XVI. Es que los niveles de corrupción de hoy en este pedacito de mundo han rebasado lo que podemos y debemos soportar como sociedad. Una de las cuestiones que más me hace cuestionar la profesión del Derecho hoy en día es que su interpretación y aplicación tiene, en muchos casos, poco que ver con la justicia.

Mientras más corrupto un Estado, más leyes, dijo el historiador romano Tácito. Cuando conozco a un abogado o abogada, siempre pienso hasta dónde sería capaz de llegar si fuera penalista. Trato de imaginar si es de los ius naturalistas, más apegados al Derecho natural, para quienes una ley injusta no es una verdadera ley, o si es de los ius positivistas, a quienes no les importa a qué cliente sirven y ejecutan la ley con bisturí, sin importar si con ello se es justo o no. Hace algunos años escuché a un abogado hacer una pregunta al respecto que no amerita comentario: ¿acaso un barbero se niega a cortarle la barba a su cliente o le importa lo que ese cliente ha hecho? Con todo lo anterior me vienen cuestiones como las del principio de inocencia, el principio del debido proceso o el principio de igualdad. En el fondo de todo, me cuesta creer en el Sistema de Justicia de Guatemala, en total maridaje histórico con un sistema de corrupción que ha quedado casi desnudo.

Siento indignación cuando veo que la ciudadanía de a pie o aquellos que han alzado la voz por sus comunidades van directo a las cárceles del sistema, mientras que varios de los implicados en casos como La Línea, Creompaz, la Coperacha, el genocidio y otros, están siendo atendidos a cuerpo de reyes, algunos incluso en sus propias casas. ¿Dónde queda el principio de igualdad allí? Por otra parte, entiendo que el debido proceso y el principio de inocencia en estos casos deban respetarse porque constituyen una base legal; el tema es que sabemos que lo ético va quedando por fuera, ya que esto puede dar pie a muchas tácticas retardatorias de los abogados defensores de los implicados (amparismo, revocatorias y demás), lo cual habla de una justicia tardía que contradice la esencia misma del debido proceso.

Este Estado es legalmente corrupto, porque ha incubado y permitido una serie de vicios legales que entrampan los procesos de justicia. ¿Qué hacemos frente a quienes tienen en sus manos la biblia y las normas legales de un Estado y las usan en contra de ese mismo Estado? No nos compete hacer de los espacios mediáticos, tribunales de justicia, pero sí nos compete unirnos desde nuestra diversidad, nuestra fuerza y nuestras posibilidades reales, para exigir transparencia en un sistema corrupto y asegurar que ley y justicia sean una sola. Un amigo me dijo ayer que cuando piensa en todos los delincuentes y criminales, los imagina de 5 años de edad y se pregunta: ¿qué pasó en la vida de esta persona para que haya terminado así? Y yo le digo: a lo mejor pasó Guatemala.

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