La política oficial de privatización es una forma de disminuir las funciones públicas, de beneficio para la población de escasos recursos, en favor del aprovechamiento de los recursos nacionales por inversionistas nacionales y extranjeros.

Por eso es que la pobreza en lugar de disminuir crece y como consecuencia crecen también la falta de alimentos y de vivienda, la violencia, la corrupción y escasea la transparencia; resultados de una idea liberal según la cual el Gobierno es un estorbo para los negocios libres y debe ser reducido a una fuerza operativa mínima.

La privatización alcanza hoy muchas funciones, otrora exclusivas de la Administración, como servicios de policía, correos, teléfonos, transporte aéreo y ferroviario, suministro de energía eléctrica, construcción de obras públicas, mantenimiento de carreteras, impresión de pasaportes y tarjetas de identificación personal, sustitutas de la cédula de vecindad, compra de medicinas para centros asistenciales del Estado, impresión y venta de calcomanías para automóviles, y un largo etcétera. Por otra parte hay un creciente y voraz interés en privatizar el Sistema Hospitalario Nacional, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y la educación pública. Y una de las consecuencias consiste en que los analistas especializados proclaman que la economía guatemalteca ha crecido en forma continua durante una pasada década; pero callan que al mismo tiempo los índices de empleo han sido menores en calidad y cantidad que los de otros países que tienen el mismo nivel de ingresos, como El Salvador, Honduras y Nicaragua.

¿A quién beneficia el crecimiento de la economía en esa forma? Pues, seguramente no al ochenta por ciento de la población. Los políticos que hacen Gobierno y los que legislan saben eso. Pero no hacen nada para revertir las deficiencias y sustituirlas por hechos positivos encaminados a lograr eso que se llama bien común y que es masticado con fruición durante los discursos públicos pronunciados para tomar el pelo a los electores.

¿Cómo hacer frente a ese problema nacional? La receta la ofrecen los mismos que se oponen a las reformas constitucionales en el sector justicia, los que defienden la privatización en extremo y afirman esto: un mayor y deseado crecimiento de la economía “dependerá de reformas continuas para movilizar la inversión privada, y de reformas tributarias para mejorar la movilización de recursos para financiar importantes inversiones que fomenten el crecimiento en infraestructura y capital humano”.

Pues en esa misma dirección un Gobierno anterior suprimió la carrera magisterial en las Escuelas Normales destinadas a la formación de maestros para los centros educativos nacionales y las convirtió en fábricas de bachilleres para que, después de graduarse, vayan a prestar servicios en los centros de negocios. Pero, suprimir la formación de pedagogos es casi una traición al país, considerando que en la América Latina hay 75 millones de analfabetos funcionales y que El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países con peores indicadores, en contraste con la alta escolaridad de los demás países latinoamericanos y del mundo.

Restaurar la carrera magisterial es pues una misión a cumplir lo más pronto posible. Afortunadamente se ha visto ya una luz en la noche con el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad en favor de Educación Bilingüe Intercultural de Santa María Nebaj, solicitado con el auxilio de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. ¡Felicitaciones!