Opinión

Pluma invitada

Imperativo implementar seguro agrícola

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En lo que va del año se han registrado siniestros catastróficos por huracanes y tormentas tropicales, lluvias intensas, terremotos y otros eventos de la naturaleza que han dejado lamentables pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales, a nivel mundial. Pero nuestro país también  ha sido golpeado de manera drástica por estos fenómenos naturales, y los medios de comunicación dan cuenta de ello.

En Prensa Libre (16/10/17, Pág. 5) se narra la dramática situación de un campesino agricultor que perdió la cosecha de su cultivo de maíz y ajonjolí a causa de las fuertes lluvias y desbordamiento de ríos en Santa Isabel, Retalhuleu. Aparte de perder su esperada cosecha quedó endeudado por préstamo bancario que obtuvo para la siembra de dicho cultivo.

Esta triste y reiterada situación de daños a la agricultura en Guatemala, especialmente causada por fenómenos de la naturaleza, la sufrieron unas 350 mil familias, y como en años anteriores, solicitan ayuda al Gobierno, cita el artículo referido.

Esos daños y otros riesgos —granizo, nevada, heladas, sequías, etc.— los cubre el seguro agrícola en muchos países como México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, España y otros.

Ese seguro ha funcionado desde hace muchos años con protección a los grandes, medianos y pequeños agricultores, lo que les ha permitido a esos países soportar las pérdidas de los siniestros catastróficos sin afectar el presupuesto de su economía ni su PIB. Esto sencillamente porque el seguro agrícola, como los demás seguros, tienen el soporte financiero del Reaseguro mundial, que opera como el principio de globalización más efectivo y seguro del mundo; es decir, que el mayor porcentaje de las pérdidas indemnizadas a los agricultores es absorbido por el reaseguro.

Este seguro opera en todos los países, o al menos en la mayoría, en forma conjunta con el sector público y privado, especialmente con un subsidio del Estado para que el costo de la prima de dicho seguro no afecte los costos de producción del agricultor. Y ese susidio, en todo caso, resulta inferior a los fondos que, por ayuda a los damnificados, debe aportar el Gobierno, con fondos destinados a otras necesidades programadas.

El gobierno de Óscar Berger (2004/2008) otorgó un fideicomiso de Q150 millones como subsidio para el seguro agrícola a Seguros Generales GyT, pero lamentablemente solo se ha aplicado a grandes producciones agrícolas como caña de azúcar, aceite de palma, banano y otros.

Actualmente, otras dos o tres corporaciones financieras con banco y aseguradora en Guatemala operan muy poco el seguro agrícola con los préstamos que otorgan para la agricultura.

En el año 2016, las aseguradoras percibieron 6,312.95 millones de quetzales en primas de seguro, lo cual significa que los reaseguradores están recibiendo una buena proporción de esa suma y por ello considero que estarían anuentes a otorgar el reaseguro del seguro agrícola a nuestro país, tal como lo practican los demás países, pero con cobertura a todos los agricultores, grandes, medianos y, especialmente, a los pequeños, con un seguro paramétrico, como sucede, por ejemplo, en México.

El sistema financiero guatemalteco puede y debe tomar en serio este aporte económico-financiero —el seguro agrícola—, que los consumidores de todos sus productos siempre van a generar utilidad.