Opinión

Tiempo y destino

Inconvenientes del funcionario sin sueldo

Luis Morales Chúa

Luis Morales Chúa

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Diplomacia guatemalteca

En algunos países la legislación permite utilizar en funciones públicas a ciudadanos interesados en trabajar sin cobrar nada, lo cual, en otros, viola derechos de los trabajadores del Estado. Uno de ellos es recibir sueldo. Y lo más importante en este punto es destacar que en esos países las atribuciones de esos funcionarios están debidamente reglamentadas.

Esa forma anómala de trabajo debería ser suprimida, salvo para casos específicos, como la de ciudadanos que en días de votaciones atienden mesas electorales, gratis y por civismo puro. Y si no es suprimida es necesario enmarcarla en normas estrictas debido a que en Guatemala cada vez con mayor frecuencia la Administración acude a ese tipo de trabajo gratuito. En la mejor teoría administrativa esos personajes tienen categoría de funcionario y así es el tratamiento que se les dispensa.

Se han dado, bueno es recordar, situaciones en las cuales los consejeros son secretos, no tienen nombramiento y su poder resulta más grande que el de los ministros de Estado.

Un caso ilustrativo, ligeramente parecido a ese problema, ha sido protagonizado estos días por un coordinador oficial en temas de migrantes quien, en su condición de embajador ad honorem, ha desatado un escándalo por haberse arrogado una atribución propia del presidente de la República: las relaciones exteriores.

Envió a senadores de los Estados Unidos de América cartas pidiéndoles promover una investigación contra el embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, por estar interviniendo en asuntos internos de nuestro país violando con ello, en opinión del autor de la carta, convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Guatemala.

Es el segundo embajador que pasa por el puente de la destitución en los últimos años, lo cual debe causar inquietud administrativa, habida cuenta de algunos hechos ocurridos tiempo atrás, como el de un embajador guatemalteco capturado al bajar de un avión en un aeropuerto estadounidense. Su valija estaba llena de cocaína, y las autoridades informaron esa fue la más grande incautación de drogas transportadas en una valija diplomática.

Pero, el caso del embajador aficionado a las cartas no entra en esas consideraciones porque hasta hoy no se le atribuye delito alguno, sino una acción nacida del desconocimiento de la ciencia de las relaciones internacionales: la diplomacia. Y es que, en realidad, no es diplomático. Lo sucedido, por otra parte, no salpica a todo el cuerpo diplomático guatemalteco, integrado casi en su totalidad por funcionarios competentes, profesionalmente preparados, y que han dedicado sus mejores años a la diplomacia.

Lo del embajador que motiva este comentario, no es en sentido estricto una manifestación de corrupción administrativa. Huele más a una movida política, personal, dirigida a perjudicar a un embajador estadounidense que se ha sumado a la lucha nacional contra la corrupción, el crimen, la discriminación, el abuso de algunas empresas transnacionales y el abandono de millones de guatemaltecos por parte del Estado que siguen en la pobreza y la pobreza extrema; situación que en lugar de disminuir crece.

La carta es, en fin, acción de una persona que hace causa común con la de quienes quisieran ahorcar a Robinson, al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, a la fiscal general de la República, a los defensores de los derechos humanos, a diplomáticos extranjeros que participan en la lucha mundial por dignificar la función pública y a jueces que están aplicando la ley penal como debe ser aplicada.

Así que el Gobierno debería tomar distancia, expresa y real, de los motivos políticos que están detrás de la carta. Y darse cuenta de que senadores demócratas y republicanos han ratificado estos días su decidido apoyo a la Cicig y al Ministerio Público, por estar haciendo lo que el autor de la carta no quiere que hagan.