A nivel mundial se debaten tendencias como la robotización, y se están cuestionando las tradicionales relaciones entre ingresos, trabajo y tiempo libre. Lamentablemente el debate sobre el trabajo en Guatemala tiende a ser muy simplista. Muchos creen que reduciendo los salarios mínimos y eliminando las normas laborales se puede generar un masivo aumento del empleo. Están equivocados.

Analicemos las estadísticas. Lamentablemente la última encuesta de ingresos y empleo, que se presentó hace un mes, fue poco difundida. Contrasta con países como los Estados Unidos, donde cada mes se esperan con mucha atención las estadísticas sobre el empleo, consideradas incluso más importantes que las del crecimiento de los ingresos y del producto interno bruto (PIB).

Las estadísticas laborales de Guatemala permiten obtener al menos dos grandes conclusiones: primero, el empleo que se genera en nuestro país es trágicamente insuficiente y, segundo, es dramáticamente precario.

En primer lugar, entre principios de 2016 y fines de ese año aumentó en medio millón el número de personas en edad de trabajar, básicamente jóvenes. Un torrente de trabajadores potenciales entró al mercado laboral. Pero el número de personas realmente ocupadas durante este mismo período aumentó en solo 200 mil. Significa que 300 mil jóvenes no encontraron trabajo el año pasado. Si de manera optimista suponemos que una tercera parte de estos continuaron estudiando, tendríamos que cada año habría alrededor de 200 mil personas adicionales que estarían en capacidad de trabajar pero que no encontraron empleo y que tampoco se dedicaron a estudiar. Jóvenes sin nada que hacer, y frustrados…

Según los que proponen que el libre juego de la oferta y la demanda —el libre mercado— resolvería los problemas de empleo, habría trabajo si el costo de emplear a las personas fuera bajo, sin restricciones como salarios mínimos, normas laborales y costos de la seguridad social.

Pero de acuerdo con la encuesta de empleo más reciente, la gran mayoría de trabajadores no está sujeta a estas regulaciones. Dos de cada tres asalariados no tienen contrato: están sujetos a una inseguridad laboral total. No sorprende, entonces, que casi dos y medio millones de personas asalariadas no reciben bono 14 ni aguinaldo.

Y sin contratos no se puede garantizar el pago del salario mínimo. Los salarios más bajos, por debajo del salario mínimo, se pagan a aquellos sin contratos. Muchas veces se llama a “flexibilizar” el mercado de trabajo, olvidando que probablemente no hay mercado laboral más flexible que aquel en el que no hay contratos; se puede despedir a los trabajadores sin la más mínima contemplación. Así, las empleadas domésticas y los peones o jornaleros no tienen contratos —con mínimas excepciones— y suman más de un millón de personas. Y tienen los salarios más bajos. La agricultura y el comercio, que concentran casi el 60% del empleo, la mayor parte sin contratos, también concentran algo más del 50% de los trabajadores asalariados a los cuales se les paga menos que el salario mínimo. Y hay una categoría extrema, de trabajadores no remunerados, que en Guatemala suman más de medio millón de personas.

¿Por qué no hay más inversión para aprovechar estos salarios tan bajos? Porque no se puede generar empleo solo con bajos salarios. Se necesita personal capacitado, infraestructura, seguridad y optimismo, además de acceso a asesoría técnica, a relaciones comerciales y a mercados para generar inversión. Con una de las tasas de inversión pública y privada más bajas de América Latina, las perspectivas son sombrías si seguimos aplicando las mismas políticas. No acudamos a soluciones simplistas. Y comencemos por analizar las estadísticas.

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