Durante muchos años los presidentes latinoamericanos fueron funcionarios  intocables, aunque cometiesen hechos gravemente violatorios de la ley penal. Pero, las cosas han cambiado después de la Segunda Guerra Mundial y la  idea de que  todas las personas somos  iguales ante la ley principió a tornarse en realidad, a partir de la segunda mitad del siglo pasado  —independientemente de los antecedentes legales antiguos—,  dándose  juicios  contra gobernantes en el ejercicio de sus cargos, o cuando ya no eran funcionarios.

Esto permitió que tanto en las Constituciones como en la legislación ordinaria, fuera consagrada, con minuciosos detalles, la responsabilidad de funcionarios y empleados públicos incluidos presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, jueces, etcétera.

Hay una semejanza, estos días, en varios procesos contra gobernantes latinoamericanos. Pero, dos son suficientemente ilustrativos. Uno tiene lugar en Brasil y otro en Guatemala. El actual presidente brasileño, Michel Temer, fue sometido a un primer juicio político —en Guatemala el juicio político no existe— y los diputados oficialistas consiguieron que la denuncia fuera archivada, a pesar de que, según encuestas privadas, el 81% de la población manifestaba en esos momentos el deseo de que el mandatario brasileño fuera sacado de la Presidencia y procesado por actos y hechos que sus adversarios políticos califican de corrupción. Dos años antes el Parlamento brasileño había derrocado, mediante un juicio político, a la presidenta Dilma Rousseff, en un movimiento encabezado por Temer, cuando este era diputado. Y algo parecido sucedió en el Congreso de Guatemala. El presidente Morales fue objeto de un antejuicio y la bancada oficial con ayuda de otras bancadas, desestimó las denuncias y ordenó archivar el expediente. Días después el pleno conoció nuevamente el mismo antejuicio y el resultado fue igual al del primero. Vale la pena recordar que en 2015 ese mismo Congreso había provocado la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Temer y Morales están, por de pronto, fuera del ámbito penal y continúan en sus cargos. Y una diferencia: en la segunda denuncia Temer afrontó todos los trámites legales; finalmente el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y la resolución de este tribunal fue favorable al presidente. En Guatemala, el caso fue terminado en el interior del Congreso y quedó fuera del examen de la justicia.

En Brasil no cesa el movimiento político contra Temer y oportuno es citar que en uno de los juicios políticos actuó como denunciante la Orden de los Abogados de Brasil. ¡Nada menos! Pero, no obstante los resultados legislativos y judiciales continúa muy fuerte el movimiento en favor de la renuncia de Temer y algunos de sus influyentes partidarios le aconsejan renunciar, a lo cual el presidente se opone. En Guatemala, el presidente y los diputados no se dan por afectados por el clamor social. No renunciarán, dicen. Por el contrario, su mejor línea de defensa la están encontrando en ganaderos, finqueros, comerciantes, industriales y algunos políticos conservadores extranjeros como el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Y, cómo no, se agita nuevamente la tradicional propuesta de diálogo. En Brasil, en lugar de diálogo hay quienes aconsejan convocar a elecciones anticipadas. Así que hay varios caminos a la vista, aquí y en Brasil.