Uno de los mayores problemas en el país es el de la aplicación de la justicia, que adolece de imparcialidad, ya que es aplicada en forma inequitativa en función del poder económico que los implicados posean y/o de las amistades que tengan en las esferas gubernamentales. Cuando alguien toma la decisión de delinquir, lo ve como buen negocio, ya que puede invertir en sobornos para salir absuelto o para que las penas sean menores de las que en realidad se merecen. Piensa: “Robo unos cien millones de quetzales e invierto unos cinco millones en sortear la justicia o un tiempo en la cárcel, para que me queden unos 95 millones.” Podemos afirmar que para gente sin escrúpulos, en Guatemala la “justicia es barata”, y para ella vale la pena invertir. Poco les importan las consecuencias morales, familiares y para el desarrollo del país que esto pueda provocar. Un buen ejemplo es el caso Medrano, comparado contra la persona que robó una ofrenda de Q318.00 en una iglesia católica, en Cantel, Quetzaltenango. A este último se le impuso una pena de 12 años de prisión. De todos es sabido que Medrano ha mantenido el control en la Municipalidad de Chinautla por muchos años, incluso ahora que una sobrina es la alcaldesa, controlando todo tipo de negocios gubernamentales dentro del municipio, ampliando sus tentáculos a otras municipalidades del departamento de Guatemala y del país. Varias veces evadió la cárcel y ahora que está tras las rejas la Sala Segunda de Apelaciones redujo la pena a seis años, conmutables por Q50 diarios, en lugar de los nueve inconmutables que se le habían impuesto. La inversión que siempre ha realizado, financiando partidos políticos con mayor probabilidad de acceder al poder, ha rendido sus frutos, a costa incluso de la muerte de alguno de sus familiares.

Otro ejemplo es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, organismo que principió la discusión de la iniciativa 5179, presentada para “La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia”. Como toda propuesta tiene aspectos positivos y negativos que merece la pena analizar. Pero vemos con mucho pesar cómo los diputados se aferran a mantener el derecho al antejuicio, garantía constitucional concedida a dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento legal. Lo defendieron a toda costa y seguramente lo mantendrán intacto. Esta es una garantía para el diputado que quiera delinquir, ya que la justicia no lo alcanzará.

Poderes oscuros también incluyeron en la iniciativa la conformación de un Consejo Nacional de Justicia, que tendría mayor jerarquía institucional que la propia Corte Suprema de Justicia, creando un poder autónomo dentro del Poder Judicial que contradiría a la propia Constitución, al crear un cuarto poder. Además, resta independencia e imparcialidad al Ministerio Público, al modificar su mandato porque le elimina la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, y enfocarlo solo en la acusación, e inmiscuye al Poder Judicial en la elección del fiscal general.

La justicia debe ser implacable y aplicable de inmediato para desestimular a las personas que quieren obtener dinero rápido y fácil, las penas tienen que ser rigurosas para desalentar a los que delinquen. El dinero estatal debe aprovecharse al buscar siempre el desarrollo del país y no el de funcionarios que, de la noche a la mañana, pasan a formar parte de los “nuevos magnates” de la Nación.

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