El caso La Línea fue solo el comienzo. A partir de ahí continuaron las investigaciones sobre la corrupción enraizada en el aparato estatal capturado por macrorredes criminales.

El comisionado Iván Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, informaron en una conferencia de prensa, en junio de 2016, cómo el Partido Patriota (PP) se había organizado para tomar por asalto al Estado y cómo actores privados también formaban parte de la trama. Concluyeron que no se trataba de casos aislados ni de una estructura criminal que vio la oportunidad de enriquecerse a través de negocios ilícitos, sino de una corrupción estructural con raíces profundas en el Estado y también en la sociedad, “lo que hace que, de gobierno a gobierno, estructuras corruptas puedan permanecer, sustituirse o mimetizarse transitoriamente”.

“Cooptación del Estado” diagnosticaron y explicaron con minuciosidad la forma de operar de los políticos y funcionarios, pero también la de actores privados que hasta ese momento habían permanecido como los “intocables” de la sociedad y los inalcanzables de la justicia.

Desde entonces hemos conocido a detalle el modus operandi de estas redes y hemos visto desfilar frente a los jueces al expresidente y la exvicepresidenta, ministros, legisladores, magistrados, empresarios, banqueros, financistas de campaña, evasores de impuestos, dueños de emporios económicos, exmilitares de la contrainsurgencia, representantes del monopolio televisivo y los oligopolios mediáticos, y un largo etcétera que tiene como común denominador ser operadores o representantes de los sectores de poder. En otras palabras, la batalla contra la corrupción y la impunidad les ha unido, no solamente en los recintos militares que hacen las veces de cárceles preventivas, sino en la conformación de un frente común para derrotar al MP y a la Cicig.

La sola suposición de que en el mediano plazo un caso toque a uno de los “dueños del país” es suficiente para tener a los señorones y a sus adláteres en alerta máxima. Por eso las giras por Washington y su alegría generalizada con el triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre. Por eso la campaña pública sobre el “desastre económico” que se nos viene encima de seguir esto de los procesos penales y por eso el último invento de la “ingobernabilidad social ideológica”, que además le viene como anillo al dedo a los militares de la “juntita” que tienen capturado al presidente Morales y que vieron en el caso de su hijo y su hermano la oportunidad perfecta para convencerlo de que “esto no puede seguir así”.

Hasta ahora lo han intentado todo sin mucho éxito. Pensaron que sus buenos oficios terminarían con el apoyo del nuevo gobierno gringo a la Cicig y con la salida del embajador; pretendieron juntar los votos en el Congreso para anular el acuerdo que permite la permanencia de la Comisión en el país e hicieron todo lo posible por colocar en la presidencia del Congreso y la CSJ a personajes afines a sus intenciones, y por lo visto, después de la resolución de la CC se dieron de cara contra la pared. No se necesita ser muy perspicaz para saber que se van quedando sin opciones y que más temprano que tarde intentarán conseguir que el gobierno pida la salida del comisionado Iván Velásquez, que ha sido el factor clave en esta lucha contra la impunidad y la corrupción.

La Cicig sin Velásquez les permitirá reacomodarse y avanzar. La llegada de un nuevo titular supondría cuando menos un tiempo para tomar oxígeno. La salida del actual comisionado es, pues, para estos sectores, una cuestión de sobrevivencia.