Después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la situación de los migrantes latinoamericanos, en particular de los guatemaltecos, pende de un hilo. Sobre nuestros connacionales no solo pesa la amenaza de que se dispare el número de indocumentados deportados, sino que su existencia en ese país se complique por las muestras de xenofobia que han sido alimentadas por el discurso de odio que desarrolló el magnate durante la campaña proselitista. El panorama tampoco pinta muy positivo para la economía nacional porque podría tener un impacto negativo si las remesas familiares caen debido a que representan un pilar fundamental en el ingreso de divisas. Por ello, es fundamental que el gobierno de Jimmy Morales comience a desarrollar una estrategia al respecto para evitar que la crisis nos llegue sin estar preparados.

En sus primeras declaraciones, Trump afirmó que está dispuesto a expulsar del territorio estadounidense a entre dos millones y tres millones de indocumentados que tengan algún antecedente delictivo. Aun no se sabe el alcance de tal medida, pero podría llegar a incluir a quienes han tenido problemas por conducir en estado de ebriedad o sin licencia. Pero esa amenaza no solo está dirigida a quienes hayan cometido ilícitos, sino para los “sin papeles” en referencia a los indocumentados. En el caso guatemalteco, se estima que en EE. UU. viven 1.5 millones de connacionales, de los cuales solo entre 300 mil y 400 mil tendrían residencia legal. Eso significa que más de un millón de guatemaltecos se encontrarían en zona de riesgo de deportación si el nuevo presidente norteamericano cumple sus promesas de campaña.

En agosto pasado, Trump delineó cuál sería su política contra la indocumentados: “Que regresen a su casa y soliciten volver a entrar, como todos los demás”. Eso significaría que los migrantes sin papeles tendrían que abandonar EE. UU. retornar a sus países y solicitar desde ahí una visa en un consulado estadounidense para regresar. Si lograran obtener visa sería como turista, pero lo más probable es que se las nieguen por haber ingresado y permanecido sin autorización legal. Las leyes norteamericanas determinan que no podrán ingresar en los próximos 10 años quienes hayan permanecido indocumentados por más de un año, situación en la que se encuentra la mayoría de guatemaltecos que migraron sin papeles. El retorno sería imposible por la vía legal.

En el caso de la economía nacional es importante que el presidente Morales asuma una actitud preventiva y no solo llame a la calma a los guatemaltecos que viven en EE. UU. Si la situación de los connacionales se complica en territorio estadounidense, no solo implicará una expulsión masiva que aumentará el ejército de desempleados en el país, sino que tendrá repercusiones negativas para el ingreso de divisas. En el 2015, ingresaron a Guatemala por concepto de remesas familiares seis mil 284.9 millones de dólares, que equivalen a la mitad de los ingresos por exportaciones. Una drástica caída de las remesas implicaría un golpe contundente para la economía nacional, pero sobre todo en la economía familiar porque ese ingreso ha aliviado la pobreza en las depauperadas zonas rurales del país. Por eso no basta con ser espectadores de la crisis que se avecina y el gobierno debe ser el primero en tomar medidas para enfrentar lo que podría convertirse a mediano plazo en una crisis económica, social y humanitaria de grandes proporciones.

@hshetemul