En el panorama político del país, el interés de los ciudadanos preocupados por el futuro inmediato, mediato y a largo plazo, se centra en la elección de quien dirija el Ministerio Público a partir del fin del período de Thelma Aldana en el cargo. Una parte de la población, con un criterio optimista, considera posible la escogencia de una persona similar a quien termina, en el sentido de entender la importancia nacional de su cargo, el cual debe ser cumplido con independencia de quienes tienen entre sus atribuciones asignar a los candidatos, pero sobre todo en el presidente de la República, porque en última instancia y por las peculiaridades del sistema legal guatemalteco, a él le toca decidir a quién darle esa delicada e histórica responsabilidad.

En el caso de la licenciada Aldana, es fácil recordar las dudas de algunos sectores al haber sido escogida por Otto Pérez Molina. Pero en la realidad de su cargo actuó con independencia y en su momento se volvió pieza clave para el encarcelamiento de los exfuncionarios acusados de corrupción. Entonces algunos la consideraron una persona ingrata, por no decir traidora, porque en Guatemala desafortunadamente existe un equivocado sentido de la gratitud, convertida en la aceptación tácita o directa de acciones ilegales de cualquier tipo, en todos los niveles. El Ministerio Público comenzó a construir una imagen de independencia, aunque en los últimos tiempos se le acuse de parcialidad contra determinados grupos sociales en beneficio de otros.

Pese a todas las críticas en su contra, la licenciada Aldana pasará a la historia del país como alguien en cuyos hombros se mantiene la esperanza de cambios en una institución hasta entonces considerada un apéndice del Ejecutivo y de los poderes fácticos nacionales. Sin duda, la participación de la Cicig dirigida por Iván Velásquez ha tenido influencia en esto. Al ver hacia adelante, la realidad política guatemalteca, lamentablemente, obliga a despertar temores de desandar mucho o todo lo recorrido, sobre todo ahora, cuando comienza la obligada etapa de resoluciones judiciales, cuya ausencia ha sido una de las fuentes mayores de crítica de sectores temerosos de estos veredictos, así como de preocupación entre quienes aprecian la labor MP-Cicig, pero quieren resultados.

La batalla real no será peleada en el momento de la escogencia presidencial, sino entre los grupos encargados de elegir a los candidatos, a fin de asegurarse la dependencia de estos a los grupos sociales de presión. Por tanto, si se desea presentar un frente contra los corruptos o pro-corruptos, es necesario apuntar los cañones de la sociedad, organizada o no, para lograr corrección en los aspirantes presentados al presidente. Una vez logrado esto, la lucha debe dirigirse al mandatario, a fin de presionarlo para elegir a quien sea más capaz, no a quien le sugieran los miembros de cualquiera de sus círculos cercanos, quienes compiten en miopía o incapacidad políticas, y en la incapacidad de ver a la presidencia como representación de la unidad nacional.

La lucha de quienes deseen lo mejor para el país, no para un grupo determinado, debe estar centrada en criterios sólidos presentados con serenidad y sobre todo sin insultos ni descalificaciones, especialmente contra las personas. Es difícil porque tal tarea va en contra de la tradición guatemalteca, por desgracia basada muchas veces en el insulto. Es indispensable exigir transparencia, algo casi imposible en vista de la opacidad reinante en el actual gobierno. Y es fundamental también el convencimiento de la inutilidad de colocar títeres, porque la lucha contra la corrupción es parte de la agenda estadounidense, con independencia de quién sea el embajador o quién ocupe el Salón Oval. Todo esto aumenta el interés nacional por la escogencia de una adecuada cabeza del MP.