La lucha contra la corrupción se ha constituido en la más importante tarea para el fortalecimiento de las instituciones, el sistema político y la democracia guatemalteca, aunque ese bregar no ha estado exento de tropiezos, fricciones y esfuerzos ingratos por desprestigiar o hasta hostigar a quienes abiertamente han mostrado su respaldo a la exigencia ciudadana por la depuración del sistema, con miras a la construcción de un mejor país.

La tarea ha sido ardua y han sido notorios altos niveles de tensión y confrontación entre quienes se esfuerzan por mantener el estado de cosas y aquellos que creen que es posible hacer más decente el servicio público, para desterrar la idea de que puede ser puerta al enriquecimiento infame, voraz y despiadado, cuyos efectos son devastadores.

Ayer, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron una nueva fase de las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito en la última campaña electoral, con datos que sacuden la moral nacional, porque recursos millonarios fueron entregados a quienes podían representar un cambio, pero lo primero que hicieron fue tratar de esconder el origen, montos y destino de los aportes.

Esto explica que la primera denuncia esté dirigida contra el partido oficialista, FCN-Nación, que durante la campaña electoral de 2015 engañó al Tribunal Supremo Electoral, por haber reportado gastos por poco más de 100 mil quetzales, pero recibió aportes por unos ocho millones de quetzales, que fueron ocultados.

Tal proceder motiva la solicitud al TSE de cancelar el partido de Gobierno, lo cual supondría un golpe demoledor para el presidente Jimmy Morales y su bancada, porque de materializarse representaría el abandono de cualquier cargo directivo en el Congreso, con lo que también enfrentaría un panorama desolador para el resto de su mandato.

Es la primera vez que grandes consorcios empresariales del país son citados por el MP y la Cicig en el financiamiento irregular a los partidos políticos, y es obvio que este caso también contribuirá a una redefinición de las relaciones entre políticos y financistas. Ahora existen suficientes mecanismos legales para rastrear el dinero en la política y, en consecuencia, cualquier irregularidad supone riesgos para quienes todavía creen que es posible burlar a la justicia.

La lucha contra la corrupción siempre se planteó como la ruta más razonable para el rescate institucional, y quienes buscaron descalificar esos esfuerzos, estigmatizando a quienes respaldaban la batalla contra la impunidad, quizá hoy puedan ver con más claridad el ineludible rumbo a tomar por el bien del país, algo muy alejado de quienes buscaban responsabilizar al mensajero.

Ojalá que este nuevo caso presentado por la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez sirva para dar un giro radical al modelo de financiamiento electoral, porque no puede seguir funcionando bajo los mismos parámetros, pero también para que desistan en su obstinación quienes pretenden mantener privilegios o beneficiar con leyes absurdas a quienes no solo han burlado la ley, sino que encima serían amnistiados, en vez de buscar la restauración del sistema.