¿Qué objetivos tendrían quienes decidieron que era una buena inversión pagar US$960 mil (Q7.2 millones) por cabildear en EE. UU. contra Todd Robinson, embajador de ese país? Esos fines son claros: detener la lucha contra la corrupción y la impunidad porque han sido afectados o se sienten en riesgo de serlo. En el fondo, el objetivo no sería solo atacar a Robinson, sino pasar por encima de este para pedir a las autoridades estadounidenses que dejen de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por esa razón primero utilizaron a Claus Marvin Mérida, ahora exembajador, y cuando este fue despedido, tocaron la puerta a cuatro diputados que henchidos de amor patrio le dijeron sí a hacer el trabajo que favorece al crimen organizado. “Pretenden ahogar financieramente a la Cicig, que se quede sin recursos y apoyos y así lograr que se retire de Guatemala”, señala el diario La Hora.

El 6 de abril, Mérida suscribió un contrato por US$960 mil con la firma Barnes & Thornburg para cabildear con senadores, congresistas y funcionarios norteamericanos, para hacer a un lado a Robinson. Sin embargo, debido al escándalo que hubo luego de que Mérida enviara una carta al senador Michael Lee, en la que despotricaba contra Robinson, Jimmy Morales no tuvo más remedio que despedirlo. De esa forma el gobernante trató de ocultar que en realidad Mérida cumplía sus órdenes. Sin embargo, el show debía continuar. Por eso, el 2 de junio, el lugar de Mérida lo tomaron los diputados Fernando Linares (PAN), Óscar Quintanilla (AC), Julio Lainfiesta (UCN) y Jaime Regalado (MR). El contrato fue suscrito con la misma empresa e igual monto y objetivos. Lo raro es que no se conocen los nombres de los financistas. Mérida firmó el contrato cuando aún era embajador, pero el Gobierno niega vínculos con la firma lobista; los diputados dicen que el dinero no es de ellos y que no pueden decir la procedencia.

El dinero solo podría tener dos orígenes. El primero es que provenga de sectores empresariales que estaban a gusto cuando los acusados por corrupción eran los políticos, pero cuando la Cicig los señaló a ellos ya no les gustó el juego. Es muy evidente que el presidente Morales le tiene ojeriza a Iván Velásquez y por ende a la fiscal Thelma Aldana, y por eso no la incluyó en la comitiva que acaba de ir a EE. UU. Pero el mandatario sí llevó a representantes de Fundesa, entidad que ha alegado que la corrupción tiene fondo político y que afecta las inversiones extranjeras en el país. ¿Tiene algo de particular esa inclusión? Esa fundación, que sería la cara visible del G-8,, integrado por los grandes empresarios del país, como los cerveceros, polleros y cementeros, entre otros, fue la que estuvo al frente de una gira del 5 al 7 de diciembre pasado para cabildear contra Robinson y la Cicig. ¿Confluencia de intereses entre el presidente, diputados y empresarios que ven afectados sus intereses por la lucha contra la corrupción? Es posible.

El segundo origen podría ser el lavado de dinero, con fachada de empresas vinculadas con el crimen organizado. Como el diputado Linares Beltranena se niega a dar a conocer de dónde viene el financiamiento para el cabildeo, es lógico entender que su procedencia puede ser oscura. Beltranena ha sido un abierto enemigo de la Cicig y Robinson, además de defensor de militares acusados de violación a los derechos humanos, y entre los cuatro diputados hay exmiembros de Líder y del PP, por lo que no puede descartarse que los fondos provengan de Mariscal Zavala o una cooperacha de defraudadores, contrabandistas y militares cuestionados. Por eso es muy importante que el Ministerio Público impulse una investigación a fondo para determinar la procedencia de los fondos de esta operación ilegal.

@hshetemul