De extraordinario e inusual puede calificarse lo acontecido ayer en distintas instancias del Organismo Judicial, cuando altos exfuncionarios y representantes de alto rango de la política nacional debieron enfrentar a la justicia. Son escenas que hasta hace poco eran imposibles de ver, por tratarse de políticos y otras figuras relevantes: estar frente a la justicia para aclarar su situación.

Uno de esos casos fue el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, a quien se observó frente a un juez durante una audiencia de primera declaración para enfrentar cargos de homicidio culposo por la tragedia ocurrida en El Cambray 2. Si bien estas diligencias apenas empiezan, lo relevante es que una autoridad edil responda ante la justicia por un potencial incumplimiento de deberes.

Pero no fue el único. En otra judicatura se desarrollaba otra audiencia en la que se iniciaba el juicio por tráfico de influencias contra el ex presidente del Congreso Godofredo Rivera y el abogado Vernon González, ambos sindicados de haber intentado utilizar sus altos cargos a fin de conseguir favores para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero también se observó al ex jefe del Estado Mayor del Ejército general Benedicto Lucas García declarar en otra judicatura para buscar revertir los señalamientos que le hace el Ministerio Público por sus posibles vínculos con la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, durante el conflicto armado interno.

Para cerrar la jornada, por la tarde se supo que la Corte Suprema de Justicia había dado luz verde al trámite de antejuicio contra el cada vez más poderoso diputado Édgar Ovalle, una de las figuras más relevantes del partido de Gobierno y del Congreso, también sindicado por el Ministerio Público por un caso de desaparición forzada durante el mencionado conflicto interno.

Los casos hoy comentados adquieren gran relevancia porque muestran una faceta inusitada, hasta ahora muy poco mostrada por los órganos jurisdiccionales, lo cual podría representar un buen aliciente en el fortalecimiento de ese sector, pero sobre todo emprender el camino de un combate de la impunidad en cualquiera de sus muchas manifestaciones.

Puede verse que en estos cuatro casos coinciden algunas características, como el abuso de poder, pero también puede estar la irresponsabilidad de algunas autoridades que se resisten a atender las recomendaciones de instituciones que tampoco deben ser ignoradas, como es el caso de la tragedia de El Cambray.

Además se evidencia que cargos de gran responsabilidad tampoco deben ser desempeñados con ligereza ni descuido porque las consecuencias pueden resultar dramáticas, como también lo puede atestiguar el exalcalde Antonio Coro, quien está bajo arresto domiciliario por las mismas sindicaciones. Cuando se logra ver en diferentes audiencias a exfuncionarios y a dignatarios enfrentando a la justicia se abriga la esperanza de que esta pueda finalmente funcionar de manera independiente, sin ataduras a los poderes fácticos y sobre todo a hilos que conectan con las marrullerías políticas.