Opinión

De mis notas

La ley del brazelete

Alfred Kaltschmitt

Alfred Kaltschmitt

En noviembre del 2016 —y con el apoyo de más de cien diputados—  fue aprobada de urgencia la ley que implementa la utilización de brazaletes electrónicos a reos que califiquen para medida sustitutiva. Se suponía que el Ministerio de Gobernación debía modificar su presupuesto en el 2017 para implementar el dispositivo de control.

Desde entonces nada ha pasado a pesar de que la ley de “control telemático” está vigente y podría beneficiar hoy mismo —si el Mingob estuviese listo— con medidas sustitutivas a ciudadanos que están guardando prisión por diversos procesos penales en condiciones infrahumanas.

Hasta la fecha, la ley sigue sin implementarse debido a esos misterios “burrocráticos” que solo se pueden entender bajo la premisa que en los consabidos estertores de incapacidad estatal, la vida, la propiedad y la libertad, es un constructo abstracto que nada tiene que ver con su razón de ser.

¿Por qué es de tanta importancia esta ley? Porque, según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, a finales del año pasado había 22 mil 989 privados de libertad en todos los centros carcelarios del país a un costo de Q54 diarios por reo para un gasto total de Q453 millones al año.

De estos, más del 50 por ciento, es decir, 11 mil 766 reos se encuentran en ese vacío ilegal e inhumano llamado “prisión preventiva”. Al calcular los costes de mantener a estos privados de libertad, ascienden Q635 mil 364 por día, que multiplicado por 365 días nos da casi Q232 millones por año.

Y si bien es cierto que muchos ciudadanos gozando aun de presunción de inocencia no califican para medida sustitutiva por que guardan prisión por temas de lavado de dinero y narcoactividad y otros delitos, un porcentaje alto “sí” podría calificar a tal beneficio, ahorrándole al Estado decenas de millones de quetzales, disminuyendo el hacinamiento que se calcula en más 400 por ciento de la capacidad real para la que fueron construidas esas celdas que soportaban la reclusión de 6,819 reos originalmente. En dos platos: desde hace 11 años, el Sistema Penitenciario se encuentra colapsado.

Los jueces deben estar conscientes que negar la medida sustitutiva y enviar a prisión preventiva a un ciudadano gozando aun de presunción de inocencia a una reclusión en semejantes condiciones inhumanas presupone un daño psicológico, económico y familiar irreparable, en el cual hasta la vida misma corre riesgo en un entorno de tanta incomodidad y hostilidad.

La justicia no debe cumplirse cometiendo injusticias. La Corte Suprema de Justicia debe instruir a los jueces tomar en cuenta el colapso no solo del Sistema Penitenciario, sino del propio organismo judicial a sabiendas que el grado de atraso sobrepasa su propia capacidad.

Una investigación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana elaborada en el 2015 y entregada en el 2016 por CIEN/ Falconi, titulada “Diagnóstico del flujo del Sistema de Justicia Criminal de Guatemala”, midió la eficiencia del Organismo Judicial en 14.3 por ciento. (Eficiencia = No. salidas, dividido No. Entradas + mora acumulada 1,562,854 casos).

La saturación de los juzgados es grande. Los jueces manejan un acumulado de casos enorme. Las audiencias se atrasan no meses, sino años. Con mayor razón los mismos jueces deberían conceder la medida sustitutiva. Mucho mejor será cuando entren en operación los brazaletes electrónicos.

Además de evitar las violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los 11 mil 766 reos que se encuentran en prisión preventiva, el nuevo ministro del Mingob tiene una perfecta excusa para agilizar la operación de los brazaletes, se estaría ahorrando decenas de millones, los cuales podría utilizar para la construcción de cárceles, equipamiento y mejoramiento de todo el Sistema Penitenciario.

Aló, aló...