La propuesta de ley de aguas que se discute en el Congreso encaja dentro de lo que ha demostrado ser un pésimo modelo de legislación y gestión gubernamental. Propone crear un Instituto Nacional de Aguas (Inagua), con un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, integrado por el viejo, conocido y malogrado esquema corporativista de Ministros y representantes de diversos sectores. El Consejo estaría presidido por el Ministerio de Ambiente, que ha demostrado ser un lento gestor, generador de obstáculos, trámites burocráticos y extractor de rentas a la actividad productiva. Integrarían el Consejo los ministerios de Agricultura, Salud y Economía, el Insivumeh, la Anam, consejos departamentales, “sector” industrial y agrícola y las universidades. Un perfecto caos de pesadilla burocrática, para dispensar licencias y favores, imponer multas y hacerle la vida imposible a todo lo que tenga que ver con el agua. Ya se ve el surgimiento de empresas, afines a los miembros de Inagua y su Consejo, especializadas en la realización de los estudios, mediciones, dictámenes, trámites, permisos y vueltas requeridas. Este es un modelo harto probado y desacreditado.

El agua es un bien al cual todos necesitamos acceso, es de interés público, que no es lo mismo que un bien público. Un bien público es aquel por el que no hay rivalidad ni exclusión; el uso que haga uno de él no excluye su uso por otro. Claramente el agua no es un bien público, pues es un bien escaso; hay rivalidad por él. Por ser un bien además de escaso, vital, es imperativo que el agua se utilice de manera eficiente para consumo personal, comercial, agrícola e industrial. Si además se propone que el uso del agua sea económicamente eficiente, esto significaría que fuera asignada a aquellas actividades donde tenga mayor valor, al igual que cualquier otro recurso. En la medida en que el agua sea tratada como un recurso especial que se encuentra fuera de las leyes de la escasez, en esa misma medida se asegura que el recurso no será utilizado de manera eficiente.

La forma menos eficiente para administrar el agua sería “es de todos”, que equivale a “no es de nadie”, forma que se conoce como la tragedia de los comunes. Bajo este régimen, el recurso es descuidado, sobreexplotado y eventualmente agotado. No hay interés por cuidar, conservar o usarlo racionalmente. Del otro lado del espectro, el mecanismo más eficiente es el establecimiento de claros derechos de propiedad sobre el uso y explotación del agua, conjuntamente con plena libertad para intercambiar y comerciar con estos derechos, así como un marco legal y mecanismos jurídicos para hacer valer estos derechos y dirimir conflictos. Esto es precisamente lo necesario para el surgimiento de mercados de agua, donde afloren precios que aseguren su uso racional y económicamente eficiente. El mercado de agua provee una clara medida de su valor y promueve su cuidado y conservación. El uso racional del agua requiere que tenga precio y que este refleje su verdadero valor, que resulta del libre intercambio de derechos de propiedad.

Muchos dirían que el agua no debe ser objeto de comercio, por ser una necesidad básica de todas las personas. La realidad es todo lo contrario, entre más urgente y necesario, más importante es que el uso del recurso sea económicamente eficiente y esto ocurre cuando hay derechos de propiedad que sean objeto de comercio. Ejemplos de buenas prácticas en mercados de agua, se encuentran en Australia, Chile y algunos estados de EE. UU. Claros derechos de propiedad, libre comercio y precios para el agua, la mejor ruta.

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