Se está poniendo de moda el ecoimpuesto, y en Guatemala hace sus primeras apariciones como “política fiscal verde”. Suena bien en teoría, pero en la práctica fácilmente puede caer en la creación de novedosos e ingeniosos mecanismos para extraer más del bolsillo del tributario, obstaculizar la producción, elevar el costo de la formalidad, aumentar la burocracia, reglamentos, permisos, autorizaciones, inspecciones, ventanillas y formularios ad nauseam. Como podría esperarse, al ministro de Finanzas y al de Medio Ambiente les gusta la idea y ya va encaminada.

Conviene recordar que puede ser nebulosa la línea entre los fines fiscales y no fiscales de la tributación, especialmente cuando se propone “cambiar la conducta de las personas”. El poder de imponer tributo conlleva el poder de destruir y producir consecuencias no intencionadas.

Se habla de “promover una renovación de las flotillas de buses, para que dejen de contaminar. Este es un gasto público y la solución podría ser un impuesto a los motores más grandes o a los vehículos más lujosos, para financiar el proyecto”. Guatemala ya tiene alguna experiencia en este tema de comprar flotillas de buses nuevos con el dinero de los tributarios. El problema de los buses contaminadores es que no se paga el verdadero costo del transporte, que está altamente regulado y subsidiado. Ningún gobierno quiere cargar con el costo político de liberar el sistema y crear opciones para el consumidor.

Qué lindo suena que las personas cambien su carrito viejo por un vehículo eléctrico o híbrido, para reducir la contaminación. El problema es que son más caros, la energía eléctrica es cara y actualmente la “conflictividad” tiene detenidos 14 proyectos hidroeléctricos y muchas otras actividades productivas.

Con una mano se quiere promover lo verde y con la otra se permite que la protesta ideológica organizada paralice la inversión en tecnologías limpias e infraestructura.

Un ejemplo de consecuencias no intencionadas es el requisito de un estudio de evaluación de impacto ambiental. Esto provoca la captura de rentas para aquellas empresas especializadas en cumplir con la reglamentación y trámites. El primer paso es la contratación de un consultor ambiental registrado en el MARN.

La práctica demuestra que las empresas más eficientes serán aquellas que cultivan mejores relaciones con los funcionarios encargados de poner los sellos y dar las autorizaciones, llegando al extremo de que allegados a estos funcionarios establecen las empresas que hacen los estudios. Este proceso se va degradando y lleva a una situación en la que el impacto al medioambiente es lo de menos y el pago del estudio y el trámite es lo más importante y expedito.

Son conocidas las limitaciones del alcance del brazo fiscal, que tiende a concentrarse en aquellos que son formales, tributan y cumplen, y su incapacidad de regularizar la informalidad. La política fiscal verde seguiría el mismo tenor, persiguiendo y elevando los costos al formal que cumple y dejando fuera de la red a los que incumplen.

Está claro que es altamente deseable imponer costos y aplicar la ley a actividades contaminantes, empezando por las municipalidades y empresas que contaminan el agua y el aire. Hay que tener mucho cuidado con la panacea de la política fiscal verde, que otorga poder discrecional a funcionarios, impone altos costos a los tributarios y levanta obstáculos a la producción, todo ello con el unicornio azul de proteger el medio ambiente. En papel hay suficiente ley para proteger el ambiente y lo que falta es eficacia en su aplicación.

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