Opinión

EDITORIAL

La vieja política sigue inmutable

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Guatemala no puede darse el lujo de frenar la lucha contra la corrupción ni de tolerar posturas oficiales que pretendan hacer creer que desde las más altas esferas gubernamentales se hacen esfuerzos por combatirla. Esto se constata con demasiada frecuencia simplemente con darle seguimiento a la agenda de las principales figuras del oficialismo, quienes con sus acciones evidencian su escaso compromiso.

El pasado viernes, el Ministerio Público dio uno de los golpes más determinantes al desbaratar la mayor red de defraudación tributaria, la que —se calcula— simuló una facturación superior a los 21 mil millones de quetzales y por lo cual habrían defraudado al fisco unos mil millones de quetzales en los últimos diez años, un verdadero escándalo para un país que año con año fracasa en alcanzar la meta tributaria.

Es seguro que este no es todavía el último caso relacionado con la defraudación fiscal, donde siguen apareciendo “magos” capaces de evadir millonarias sumas de impuestos y consecuentemente de generar beneficios inmorales a empresas e individuos cuya principal objetivo es vivir de recursos malhabidos, como se ha evidenciado en la conducta pública de los últimos años.

No es lo único. El Ejecutivo por su parte había intentado impulsar en el Congreso la aprobación de un presupuesto no solo desfinanciado, sino que tenía el vergonzoso capítulo de eliminar cruciales puntos dedicados a mantener la transparencia, los cuales no solo se habían eliminado, sino que se agregaban artículos que convertían millones de recursos en un cheque en blanco para la rapiña.

Es cierto que Guatemala necesita hacer presupuestos más agresivos, pero estos deben estar orientados a estrategias de desarrollo e inversión en infraestructura y social que sea capaz de transformar en cierta medida las penurias por las que atraviesan millones de guatemaltecos. Pero eso es lo que menos se atiende, y en cambio, de manera desvergonzada se apuesta más por el clientelismo, el pago de favores y de respaldos de sectores cuestionados.

El otro aspecto que ratifica el poco interés del clamor popular por la transformación del servicio público se encuentra en los diputados, quienes persisten en demostrar que solo velan por sus intereses y por el fortalecimiento de una conducta canallesca, como la reciente negociación en esa danza de millones.

El mayor ejemplo se encuentra en los mezquinos intentos por integrar una junta directiva nutrida de integrantes del pacto de corruptos, lo cual es inaceptable y se debe insistir en que es el momento para la decencia y que así como fracasaron las aspiraciones de uno de los diputados más impresentables, Javier Hernández, también se debe exigir la integración de una directiva menos inclinada a quienes, aunque sean nuevos en esos puestos, ya han dado muestras de estar comprometidos en favorecer a la impunidad.

Argumentos suficientes para demandar un cambio de rumbo, que de verdad se observen genuinos apoyos a la lucha contra la corrupción, o cuando menos que no se den interferencias ni mucho menos intentos por debilitar la institucionalidad ni por impulsar a personajes oscuros, poco comprometidos en llevar un mínimo de moral al espacio público.