Noviembre, mes en que la agenda legislativa solo tiene dos temas: el presupuesto y la integración de la junta directiva del Congreso del año siguiente. Llegó la hora de que Jimmy Morales y su equipo paguen por el apoyo que recibieron y que les mantiene al frente del peor y más inepto gobierno que haya tenido el país en todo el período democrático. Está por salir de la Comisión de Finanzas del Congreso el dictamen sobre la propuesta de presupuesto 2018 que presentara el Minfin.  Son ya varios días de discusiones y negociaciones, y lo que tocará identificar rápidamente es por dónde planean seguir sangrando al Estado para saldar dicha factura.

Están, por un lado, las asignaciones para instituciones que alimentarán determinadas partes de esta alianza contra el país: como el CIV, que recibió un incremento del 75% en la propuesta de presupuesto, con el que se congraciarán con el sector de la construcción; Mineduc, que aún negocia con Minfin cuánto le concederán a Joviel Acevedo y su cartel. O el Mides y su fideicomiso, por citar tres nada más.

Sin embargo, como el presupuesto para inversión está ya claramente identificado como el oasis donde beben los corruptos, habrá que fijarse más en los presupuestos de funcionamiento. Lo más probable es que dejen bolsones de dinero sin asignación predefinida o tan amplia que les permita luego manejar esos fondos simplemente haciendo un poco de presión sobre el ministro de cartera. De hecho, el presupuesto de funcionamiento, siendo el más abultado, es el que da en estos tiempos más probabilidades para la transa porque es el más difícil de trazar. Su utilidad no es solo para las contrataciones espurias o para plazas “fantasma”, sino también por las compras diversas que se hacen bajo rubros que encajan dentro del gasto de funcionamiento. Una modalidad que se puso de moda en el gobierno anterior, fue la compra masiva de materiales de construcción. No digamos el clásico rubro de medicamentos o materiales médico-quirúrgicos. Pero no se descuide; casi en cada ministerio existe esa posibilidad. A fin de cuentas, el que busca hacer negocios a costillas del Estado siempre anda creativo.

Y hablando de creatividad, pongan especial atención este año a las normas presupuestarias. Ese es el lugar dentro del presupuesto donde quedan establecidas las reglas del uso del dinero y donde se incrustan también los mecanismos para legalizar la transa, sea que esto ocurra por comisión —se incluyen artículos que favorecen el acceso a los fondos— o por omisión, pues eliminan artículos que permitan controlar el destino del gasto o las condiciones de ejecución. Dada la presión social que existe sobre el actuar del Congreso, lo más probable es que usen las normas presupuestarias para legalizar a priori sus abusos al erario.

Como el Pacto de Corruptos se argamasa tanto por la ambición desmedida por el dinero —hay que llenar las alforjas para la campaña 2019—, como por el miedo a ser capturados por sus fechorías, hay diputados y bancadas que, en una clara exacerbación de cinismo, se presentan ahora ante la opinión pública como adalides de los cambios de fondo que exige la ciudadanía que se hagan a la LEPP. Se rasgan las vestiduras en público, aun y cuando han sido promotores e incluso redactores de las iniciativas de leyes de la impunidad que intentaron pasar hace unos meses y que han votado a favor de mantener el sistema corrupto funcionando a toda máquina. ¿Qué buscan ahora con este falso discurso? ¡Por favor, no se confunda! Recuerde más bien el chillido que hacen las hienas cuando están desesperadas por hincarle el diente a la carroña.

karin.slowing@gmail.com