Esta es una de esas columnas que nunca debió ser escrita, porque nunca tuvo que ocurrir la muerte de 40 niñas en un hogar de “resguardo” a cargo del Estado. Porque las niñas nunca debieron ser encerradas bajo llave en una habitación, y jamás debieron sufrir vejámenes por parte de las personas que tenían la responsabilidad de cuidarlas y protegerlas.

Esta columna nunca debió ser escrita porque en este país no debiera tener cabida la violencia cotidiana contra niñas y adolescentes; porque las niñas y jóvenes no deberían ser violadas, torturadas y maltratadas, y tampoco excluidas y abandonadas.

Esta es una columna que nunca hubiera querido escribir, porque quién quiere referirse a una tragedia de esta magnitud, producto de un sistema fallido, de una sociedad indolente y de un gobierno conducido por un incapaz, que llegó al poder de carambola, y nombró por compadrazgo y deudas de campaña a gente sin las competencias necesarias para coordinar el sistema de protección a la niñez y juventud.

Lo ocurrido el 8 de marzo en el hogar “seguro” Virgen de la Asunción es la consecuencia inevitable de un sistema de exclusión, violencia y desigualdad, que desecha seres humanos por su condición económica, étnica y/o de género; un sistema en donde todo se compra y se vende, y donde las niñas y adolescentes son consideradas objetos y sus cuerpos, mercancía.

Las niñas y jóvenes que son enviadas a los centros de “protección y cuidado” por su condición de vulnerabilidad y también las que están en un centro de privación de libertad por conflictos con la ley penal tienen una historia común de violencia y abandono. Su niñez ha sido marcada por el dolor, el odio, la indiferencia y el maltrato. Son pequeñas que no han tenido acceso a la salud ni a la educación y que han debido enfrentar en sus casas y en las calles de sus barrios el acoso y la violencia sexual. Muchas han resultado embarazadas después de haber sido ultrajadas por sus padres o familiares. Esas son las circunstancias por las que han sido enviadas a un hogar, una muestra sin eufemismos de lo que es ser mujer en Guatemala.

De acuerdo con datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), en el 2016 hubo 2,504 nacimientos de madres entre 10 y 14 años, todos, producto de una violación sexual. Nacieron 10 bebés de niñas de 10 años; 30 de niñas de 11; 98 de niñas de 12; 464 de adolescentes de 13; y 1,902 de madres de 14 años.

Ellas son las niñas de Guatemala, las invisibilizadas, las que aparecieron de pronto frente a nuestros ojos después de la brutalidad de un incendio; ellas son las pequeñas que fueron encerradas e institucionalizadas en un sistema que nunca garantizó ni su protección ni su reinserción, pero que sirvió para esconderlas, castigarlas y revictimizarlas. Ellas son el producto de la indiferencia y la naturalización de la violencia y el machismo. Hoy nos hacen falta 40, y por ellas exigimos justicia, no puede haber impunidad frente a lo ocurrido. Pero nos quedan miles más por quienes debemos exigir una transformación profunda del sistema.

¿Cuántos gritos y súplicas eran necesarios para abrir una puerta y dejarlas salir? ¿Cuántos días al frente del gobierno eran suficientes para detener los vejámenes y maltratos? ¿Cuántas denuncias se requerían para frenar los abusos y garantizar un sistema de protección integral? Todas son preguntas en pasado. Hoy debemos preguntarnos también qué hay que hacer para que se abra la puerta y nuestras niñas puedan salir del infierno de la violencia, el acoso, la desigualdad y la exclusión.