Nadie pone en duda que el país necesita recuperar urgentemente el sistema vial que quedó hecho pedazos producto del descarado saqueo liderado por Alejandro Sinibaldi y por la marcada incompetencia del gobierno de Jimmy Morales, quien, a pesar de la evidente falta de idoneidad del sujeto para el cargo, sigue manteniendo como ministro de Comunicaciones al señor Aldo García. A veces la permanencia de un ministro o ministra así en un cargo solo se explica porque el sujeto se convierte en alguien extremadamente útil para avanzar una agenda de interés que va mucho más allá del hecho evidente. El gobierno de Morales ha sido obscenamente ejemplar en esto, como lo hemos visto ya en varias carteras.

En el caso del Ministerio de Comunicaciones (CIV), la incapacidad llevada a su máximo esplendor es instrumental para argumentar a favor de una nueva oleada de privatización de los bienes públicos que nos van quedando. Para entender esto, valga recordar que la privatización no trata únicamente de vender los activos públicos que pagamos con nuestros impuestos y el endeudamiento. Por privatización se designa al conjunto de políticas diseñadas para establecer los principios del mercado en la provisión y distribución de los servicios públicos. Abarca todas aquellas acciones que tienen como meta reducir o minorizar la intervención del Estado. Es decir, no solo se circunscribe a la transferencia de bienes públicos al sector privado, sino también comprende la desregulación de actividades públicas o privadas, el cambio de reglas y marcos legales para favorecer los intereses de las empresas, aún si es en detrimento de los intereses de la ciudadanía; y por supuesto, incluye también la concesión de la prestación de servicios públicos al ámbito privado, y se introduce en el esquema la modalidad de arrendamientos de largo plazo o leasing de bienes que son propiedad privada para ser utilizados por el sector público, como podría ser aplicable más adelante al proyecto de Centro Administrativo del Estado (CAE) y posiblemente también a carreteras y otra infraestructura. Al respecto, por cierto, se promueve una iniciativa de ley sobre la materia, cuyo contenido está aún pendiente de hacerse público.

En este esquema encaja bien que el Minfin incremente en un 75% el presupuesto asignado al CIV, sin exigir a cambio mejoras comprobadas de capacidades institucionales para administrar y ejecutar con eficiencia y transparencia. También que el CIV no haya hecho nada para mejorar el control de las acciones de las empresas de construcción que contrata para reconstruir la red vial, y para evitar la corrupción público-privada en esta actividad. Finalmente, que las empresas de la construcción hayan dado público apoyo al señor Morales y a su actuar opaco y cobarde frente a la justicia. La tapa del pomo fue escuchar las palabras del presidente de la Enade, quien, cual juez de tribunal, exculpó al presidente de toda conducta corrupta.

¿Puede el sector privado, en estas condiciones, plantear que las cosas se pueden hacer diferentes para recuperar la red vial? ¿No hace falta acaso que haga primero una profunda autocrítica de la manera en que ha conducido sus relaciones económicas, políticas e institucionales con el Estado y los gobiernos que lo administran y de cómo estas también se deben modificar? No podremos salir adelante de esta situación si no cambia la manera como se gestiona la economía y se crea riqueza a la sombra de ventajas y privilegios concedidos por el Estado a unos pocos. Sin esos ingredientes, el presupuesto del 2018 será, simplemente, el alimento para mantener vigente el Pacto de Corruptos.

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