Solo quienes le hablan al oído al presidente y algunos personajes oscuros vinculados con grupos reacios a la reforma del Estado creen que es posible detener la batalla contra la corrupción por medio de debilitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público.

Pecan de ingenuos y de irresponsables en su defensa de inconfesables y mezquinos intereses al pretender mantener un Estado poroso a la criminalidad, mientras las consecuencias del desgobierno trascienden fronteras y provocan un enorme daño a personas, hasta corroer las estructuras de la institucionalidad. Es necesario ser nefasto para defender la inalterabilidad de un modelo marcado por la cooptación, en vez de atacar las causas que desde hace mucho tiempo han convertido al Estado en una guarida de rufianes, donde los políticos han corrompido el sistema hasta el punto de inutilizarlo y ponerlo al servicio de mafias de todas clases y niveles de influencia.

Buena parte de la responsabilidad de lo que hoy ocurre recae en el partido de Gobierno, pues ni desde el Ejecutivo ni mucho menos desde el Congreso se perciben señales por romper con el pasado de oprobio que cultivaron jerarcas de las agrupaciones Patriota y Líder, pero que también estuvieron presentes en las últimas tres administraciones. En todo caso, se han convertido en los herederos de un modelo que se resiste a desparecer, aunque para sobrevivir deban recurrir a los más vergonzosos y repudiables contubernios con figuras temerosas de que los atrape la mano de la justicia.

Por ello se han acentuado los ataques contra quienes lideran la lucha contra la corrupción. Las caras más visibles en esos vergonzosos esfuerzos provienen de sectores vinculados con el oficialismo actual, como es el caso del tan cuestionado diputado Armando Melgar Padilla y el grupo de congresistas que le abrieron las puertas a un grupo de tránsfugas, todos igualmente cuestionables, con los que se convirtieron en la bancada mayoritaria, simplemente para ejercer un poder de hecho omnímodo.

Si bien los esfuerzos por meterle zancadilla a la cruzada anticorrupción son enormes y han de costar millonarias sumas de dinero, es obvio que de eso solo pueden surgir algunas victorias parciales y pírricas, pues en el largo plazo Guatemala deberá asumir con mayor responsabilidad la tarea de depurar los tres poderes del Estado, si de verdad se quieren evitar las actuales interferencias.

No llegarán muy lejos quienes aspiran a cambiar el rumbo de la historia, pues una consecuencia de ello ha sido la ofensiva de la diplomacia estadounidense, que redobla esfuerzos en dejar claro el apoyo que Washington mantiene a la lucha contra la corrupción y contra el crimen. Ayer, el turno le correspondió al subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, quien ratificó el apoyo de Estados Unidos a esos esfuerzos. Como lo han hecho en días recientes los emisarios que le antecedieron, se reunió con el comisionado Iván Velásquez y con la fiscal general Thelma Aldana para manifestarles su pleno respaldo por los esfuerzos que llevan a cabo para erradicar una de las más nocivas expresiones de la criminalidad que actualmente reina en el país.