En el ámbito de los derechos humanos veremos siempre la incidencia contestataria radical permeando todo lo que tocan. Parto del hecho, no el supuesto, de que los grupos de derechos humanos involucrados en los juicios contra los militares poseen un venenillo, un sesgo evidente, un tufito de confabulación internacional tratando por todos los medios a su alcance de influir, incidir, manipular y distorsionar la información, las pruebas, los testimonios y los hallazgos científicos forenses en los juicios contra los militares acusados de diversos delitos a raíz del conflicto armado. Por cierto, no han seguido ni un solo caso contra los actos terroristas y masacres cometidos por la guerrilla.

Lo han venido haciendo desde hace décadas, implantando sus agentes activos y sus aliados ideológicos en las principales investigaciones históricas sobre el conflicto armado, como el REHMI —La Recuperación de la Memoria Histórica— y el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Ambos con muchas críticas, por su evidente sesgo a favor de un bando en detrimento del otro.

Una comisión, por cierto, acordada en los acuerdos de paz para garantizar “la necesidad de promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, como una condición indispensable para una paz firme y duradera”. Y en una de sus literales manifiesta: “Los trabajos, recomendaciones e informes de la Comisión no individualizarán responsabilidades, ni tendrán propósito o efectos judiciales”. CEH/Acuerdos de Paz. Este Acuerdo de Paz, lamentablemente, se ha venido violando sistemáticamente desde entonces.

El domingo pasado pudimos ver el programa Informe Especial, de la periodista Sylvia Gereda, sobre el caso Crempaz y el juicio que se les sigue a los militares acusados de la muerte de 90 víctimas encontradas en un cementerio en esa base militar. Gereda comprueba el sesgo arriba señalado, demostrando mediante entrevistas y documentos las muchas contradicciones en las que han incurrido el Ministerio Público, la Fundación de Antropología Forense, así como los familiares de las víctimas durante todo el proceso.

Según Gereda, ha sido evidente la improvisación, la falta de rigor y objetividad en el manejo científico de la evidencia presentada por el Ministerio Público y la Fundación de Antropología Forense: supuestas víctimas que la defensa demostró estaban vivas, por haber votado en las elecciones pasadas. Un oficial acusado se encontraba en Colombia, recibiendo un curso de adiestramiento militar. Testigos que tenían menos de un año de edad dando declaraciones con una cantidad de información absurda.

Disparidades y contradicciones de los testigos en cuanto a fechas. Un testigo afirmó haber leído información pertinente al caso y se comprobó que no sabía leer.

A los oficiales Carlos Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida y Édgar Rolando Hernández Méndez la jueza tuvo que declarar falta de mérito porque las pruebas presentadas con el respaldo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala resultaron falsas.

Esta falta de rigor y objetividad —y especialmente las violaciones al debido proceso— hacen concluir a Gereda que el caso Crempaz es una cacería de brujas, con muchas aristas de transgresiones jurídicas. En una entrevista, la defensa argumenta la ilegalidad en que sea la Fundación de Antropología Forense de Guatemala —una ONG dirigida por el hijo de un militante de la guerrilla— y no el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) el encargado de hacer las exhumaciones y la evaluación de la evidencia científica. Durante las excavaciones jamás hubo personal de la defensa, del Inacif ni del propio Ministerio Público, para certificar que los hallazgos fuesen reales. La pérdida de la custodia de la prueba es elemental en un juicio. Y sin embargo, en este caso lo certifica un profesional que ni siquiera está colegiado como lo manda la ley.

Qué vergüenza.

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