La mirilla telescópica pareciera apuntar contra el blanco de la corrupción y la impunidad. El círculo con la cruz está encima del blanco. Se aprieta el gatillo, pero el tiro sale por la culata. No solo no da en el blanco, sino dispara a blancos que no son realmente blancos genuinos, incluidos los blancos dentro de la descripción expresa del acuerdo original de “combate a la impunidad”. La práctica conforme ha pasado el tiempo se centra en blancos movibles, de alto perfil político, motivados por presiones e intereses. La palabra impunidad se torna poco a poco impune…

Se habla de pacto de corruptos —y quien si no los corruptos no quieren que se combatan— pero, ¿y las violaciones al debido proceso? Desde hace años, los derechos humanos de ciudadanos con presunción de inocencia se violan con total impunidad. Esa impunidad ¿no está contenida dentro del acuerdo de la Cicig? ¿No es su competencia y responsabilidad velar por erradicarla?

Perseguir el delito, administrar el poder coercitivo de la ley, respetar el debido proceso, hacer valer el imperio de la ley, entendido este como la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político, “para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, muy especialmente del gobierno…”. Eso es un deber fundamental de esa Comisión contra la Impunidad…

¿Qué pasa con aquello de que “¿Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”, según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala?

El mandato, y de suyo, el nombre de la Cicig: Comisión contra la Impunidad”, implica combatir la impunidad en todas sus formas, incluidas, por supuesto, la madre de todos los caldos de cultivos de la corrupción generadores de la impunidad: las estructuras paralelas operando dentro del sistema de justicia.

Combatir la impunidad no se supedita a la persecución de las estructuras criminales enquistadas dentro de los poderes del Estado dedicadas al robo en cualesquiera de sus formas. Va más allá. Incluye las estructuras dentro del sistema de justicia operando bajo esa presión espuria e insana para “castigar” no juzgar, conforme esos preceptos.

El número de casos suspendidos en una especie de purgatorio con mucha purga, saña, violación de derechos humanos, irrespeto al debido proceso y tiempos procesales, ya rebasa todos los grises de la letra muerta de ese mandato Cicig con estigma de non grato respirándole en la nuca. Incontables privados de libertad protestan que la Cicig y la PDH se hagan los desentendidos de lo que está pasando en el sistema penitenciario nacional. Podrán a los ojos del MP y Cicig ser pillos de alto valor político los que están en proceso. Quizás algunos lo sean. Pero si no se respeta la primacía de la ley para “lograr esa seguridad jurídica que protege la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, léase, el mismo gobierno”, el mandato de la Cicig es insostenible y se vuelve más “ingrato aún”.

Un informe de La Relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, efectuado el 21 de diciembre pasado, contiene una preocupante descripción de la forma como se llevó a cabo una requisa totalmente desproporcionada en términos de fuerza y método, utilizando bombas lacrimógenas que estuvieron a punto de asfixiar a los detenidos encerrados en los dos pequeños dormitorios.

En próxima entrega comentaré sobre dos cartas que he recibido de los militares Ruiz Morales y Chiroy, detenidos por los casos Creompaz y Alaska.

La impunidad continúa….