Opinión

Con nombre propio

Muerte en México

Alejandro Balsells Conde

Alejandro Balsells Conde

En París, el 10 de diciembre de 1948 la humanidad reconoció en un documento una condición fundamental: los derechos humanos son universales.

La universalidad de los Derechos Humanos es la mayor garantía para poder vivir una vida digna en el pedazo de tierra que nos tocó nacer o trabajar, porque es el Estado el garante de ellos. Aquel 10 de diciembre, los Estados civilizados del mundo declararon: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En menos de 24 horas Javier Valdez, un periodista conocido por su agudeza, fue asesinado en Sinaloa. Horas después fue herida la subdirectora del diario El Costeño, en Jalisco, la periodista Sonia Córdova. Su hijo Jonathan Rodríguez Córdova fue muerto a balazos, la acompañaba y trabajaba como reportero.

Javier Valdez fue el sexto periodista asesinado en lo que va del año por el “crimen organizado”, con 50 años y una mochila de reportajes que describían la narcoviolencia, fue atacado a plena luz del día en Culiacán —capital de Sinaloa—. El año pasado, 11 fueron los periodistas víctimas del narco y otros poderes.

De los siete periodistas asesinados en 2017 (Jonathan Rodríguez Córdova fue el séptimo), las autoridades no han capturado a nadie. La impunidad es la regla ante el ataque sistemático en contra de personas que ejercen uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad democrática. Hace tan solo dos semanas, al ocurrir la captura de una persona ligada a el Chapo, una reportera de El País de España pidió su opinión a Valdez —quien era fuente para muchos—: “Disculpa, agradezco tu interés, pero por razones de seguridad no puedo dar declaraciones, se puso cabrona la situación”, ripostó.

México y Guatemala comparten no solo frontera, cultura e idiomas. Es clarísimo que lo que ocurre en México afecta a la región, y de manera principal a Guatemala, pero aunque no nos afectara, el principio de universalidad de los derechos humanos nos hace voltear a ver hacia nuestro occidente y saber que, en cualquier momento, esa narcoviolencia que se ha ensañado contra el periodismo mexicano lo ha hecho por dos razones principales, la primera porque la descentralización de aquel país permite que muchos diarios independientes puedan informar con mayor libertad la realidad; y luego, porque el consentimiento de agentes oficiales es evidente. El narco mata y no pasa nada, basta recordar a los desaparecidos de Ayotzinapa para saber cómo se archivan los expedientes judiciales por aquellos lares y cómo opera el poder, si no hay fiscalización pública la impunidad es la regla, y allá con mucha fiscalización no se logra derrumbar el muro.

México es un país con mucha mayor institucionalidad que la nuestra y padece una de las enfermedades más graves de cualquier república: el dinero del narco compra todo y en ese todo se incluyen vidas, propiedades, justicia, ideas y lo que sea.

La violencia contra periodistas guatemaltecos no es cuestión del pasado. Coatepeque, Mazatenango y Ciudad de Guatemala han sido sus principales testigos. Por eso la solidaridad con el pueblo mexicano es obligada, el narco se propaga rápido y, tanto en México como en Guatemala, los sistemas de justicia son porosos.

El gobierno de Peña Nieto no garantiza el ejercicio de una libertad fundamental y esto no es preocupación solo mexicana, es de todos, por eso la solidaridad es obligada.