El final de una trama puede ser fotografiado, videograbado o simplemente relatado. A quien cabe duda que muchos piqueteros son pagados para realizar su villana acción. Recién, un canal televisivo informó del pago por algunos empresarios para desestabilizar al gobierno. No obstante, no ofreció prueba alguna. Allí está el quid del asunto.

La teoría de la conspiración es un edificio armado con base lógica pero sin pruebas. La presunción se puede basar en indicios y, sobre todo, en razonamientos. Pero insuficiente para elevar una condena. Carece de lo más importante: la prueba.

El sabotaje contra el incremento de la producción energética sostenible y respetuosa de la naturaleza levanta la sospecha de que las oenegés opositoras son subsidiadas por las compañías petroleras. Se busca disminuir la capacidad de generar excedentes eléctricos sobre bases eólicas o hidráulicas, para atarnos a la gasolina y el diésel. No obstante, se carece del dato del estipendio maléfico.

Para hundir a la crítica, se contrata a antiguos militantes de izquierda que, convertidos en furibundos ecologistas, prohíben metales, energía limpia y empleo, mientras fomentan las drogas suaves para adormecer al proletariado. No se exagera, la única riqueza de los pobres son los hijos, pues se impide la creación de plazas argumentando mínimos vitales. De nuevo, no se documenta la liga de los movimientos con sus patrocinadores, cuya finalidad es impedir la competencia de los países periféricos.

Alboroto en México por espiar a la heroína de CNN, Carmen Aristegui. La campaña de difusión contagió al ambiente periodístico de diversos países. Surgieron casos similares, algo olía mal. Aristegui se registra como candidata a la Presidencia. De repente, aparecen las facturas de una compañía israelí vendedora de programas informáticos de espionaje. Se descubre que no se trataba de periodistas mexicanos de cadenas norteamericanas, sino de los letrados enviados a poner en duda la actuación de las autoridades ejecutivas y judiciales en el sonado caso de Ayotzinapa. La operación de defensa propia, inocua porque no producía daños materiales, sino buscaba establecer vínculos malévolos de posibles enemigos del país, se desacredita.

La conexión israelí mexicana hace perder de vista otra trama: ¿quién la descubrió? Obviamente, los únicos capaces son los norteamericanos. Quemaron la colaboración para contener a los rusos, pues ofrecieron datos de inteligencia que les había proporcionado el Estado judío. Agitan construir o terminar un muro, para conseguir la reacción que permita a la izquierda liderada por Andrés Manuel López Obrador de Morena llegar a la Presidencia. Otro presidente antimperialista, igual que Maduro. A EE. UU. le hace cosquillas, pero se destruye a Venezuela y, en el futuro, quizás a México. No obstante, allí está la heroína de la cadena noticiosa norteamericana. Todo está a la vista. Pero, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.

Se demandan pruebas. Un diario citadino muestra que el abogado Pedro Rafael Maldonado Flores cobró Q20 mil a las familias del caserío La Cuchilla para interponer un amparo que no tenía otra función que alargar el asedio contra la Mina San Rafael. Acogido por la Corte Suprema de Justicia, como corresponde a esa instancia politizada y depurada a medias. Esta acción daña al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), pues demuestra que sus miembros lucran con la pobreza. No obstante, nadie se da por aludido.

Los malévolos temen la denuncia con pruebas. ¡Lástima que no se tiene en todos los casos!

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