EDITORIAL

Nombramiento hace pensar en retroceso

El gobierno del presidente Jimmy Morales parece haber dado un nuevo paso hacia atrás en los esfuerzos por combatir la corrupción, la impunidad y la criminalidad, al haber cesado en sus funciones al ministro de Gobernación Francisco Rivas, quien había desempeñado una de las gestiones menos criticadas, debido a su respaldo al sector justicia.

A Rivas pudo haberle costado caro su respaldo al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el pasado mes de agosto, cuando el mandatario intentó expulsar al comisionado Iván Velásquez del país, y en solidaridad con él el ahora exfuncionario presentó su renuncia, tal y como lo hicieron los ministros de Finanzas y de Trabajo, a quienes en ese momento tampoco les fue aceptada.

Los tiempos han cambiado y los embates de la persecución criminal también han estremecido estructuras de poder, principalmente en el sector gubernamental, desde donde se han acrecentado los esfuerzos por ponerle zancadilla a la lucha contra la impunidad y por fortalecer cuadros en torno al Ejecutivo para plantar resistencia al nuevo desafío.

En esa línea iría la designación de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, porque las actuales estructuras gubernamentales no están dispuestas a ceder espacios de poder en dependencias estratégicas y mucho menos con aires de independencia o con vínculos hacia sectores que piden apoyo contra la corrupción.

Sobre el nuevo titular de Gobernación hay pocos antecedentes en el sector público. Uno de ellos se remonta al final del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuando Álvaro Colom lo nombró interventor de la Dirección General de Migración e incurrió en la inexplicable compra de un vehículo valorado en alrededor de un millón de quetzales y luego por haber literalmente cerrado el acceso a su oficina.

Ahora se dice que Degenhart habría sido nombrado por el presidente a instancias del alcalde Álvaro Arzú, lo cual adquiere sentido de cara a las acusaciones que tanto el mandatario como el jefe edil enfrentan por el MP y la Cicig, lo cual hace explicable la formación de un gabinete más coincidente con las ideas y estrategias que caracterizan los últimos meses de gobierno.

Las semanas siguientes serán cruciales para comprender los alcances de estas remociones en el Ejecutivo, como ocurre en la Superintendencia de Administración Tributaria, donde también se considera que se ha dado un paso atrás en el combate de la defraudación tributaria y de las estructuras delictivas enquistadas en importantes oficinas.

El presidente Morales sigue enviando mensajes preocupantes sobre el rumbo de su gobierno en lo que queda de su mandato y muchos de los más recientes cambios parecen alentar esa percepción, pero solo el tiempo y las acciones positivas que emprendan los funcionarios recién designados podrán desvirtuar esas premisas, sobre todo en áreas tan vitales como la Policía Nacional Civil o el Sistema Penitenciario, cruciales en cualquier combate eficiente de la criminalidad.

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