Tiene que estar muy desvalorizada la justicia y muy envalentonada la criminalidad organizada para atreverse a falsificar un documento oficial, mediante el cual se libró una orden de captura ilegal en contra del exviceministro Enrique Lacs Palomo, quien de hecho tenía una cita el mismo día con el juez que supuestamente había emitido la orden y cuya oficina alertó sobre la falsedad del documento.

Con la mayor celeridad, las autoridades de Gobernación y del Organismo Judicial deben empezar las investigaciones sobre semejante osadía, la cual da una muestra de los alcances a los que pueden llegar las estructuras mafiosas con tal de cobrar venganza contra quienes interfieren en sus oscuros negocios.

Debe empezarse con quienes ejecutaron esa ilegal acción por parte de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes han dado muestras de una reprochable candidez o de un mezquino contubernio con los emisarios de ese mensaje, y por ello es que se debe reconstruir todo el proceso para desentrañar un hecho vergonzoso para las autoridades involucradas, pues tampoco sería extraño que haya corrido una buena suma de dinero para llegar a una medida tan extrema.

En esencia, el exfuncionario alude a una denuncia por evasión fiscal por más de 340 millones de quetzales, en la que habría incurrido una empresa importadora de pollo, la cual utilizó una codificación inexistente para burlar lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, hechos sobre los cuales presentó una querella en el Ministerio Público, hace un año.

Varias razones refuerzan la necesidad de profundizar en las investigaciones. Una de ellas es que este caso tuvo una inusual difusión, debido a la relevancia del personaje afectado, pero esos hechos ilegales ocurren con mucha más frecuencia de lo que se cree, y sin embargo no trascienden las denuncias porque los afectados son personas de menor exposición pública y que no llegan a impactar en los medios de comunicación con la misma intensidad que lo ocurrido al exfuncionario de Economía.

De hecho, en el Organismo Judicial también se deben hacer investigaciones exhaustivas que vayan más allá de este caso, pues esta es una forma insólita de usurpar la autoridad judicial de manera delictiva, pero hay muchas otras acciones con las que la justicia también se vuelve venal en otros procesos, como cuando pasan los días, las semanas y los meses sin que alguien se digne a escuchar a personas encarceladas al ser sindicadas por redes criminales organizadas o poderosos intereses.

El lado positivo de acciones mafiosas como esta es que obligan al sistema a reaccionar de manera inmediata, pues ahora deberán revisarse los procedimientos para evitar un nuevo bochorno, pero también para corregir las anomalías de un sistema demasiado vulnerable ante la criminalidad y presiones insanas para que algunos procedimientos se administren bajo un modelo rezagado.

La vergüenza de ejecutar una captura mediante un falso documento solo puede superarse con la pronta detención de los cómplices de estos criminales y un replanteamiento de procedimientos en las distintas instancias que se sean vulnerables a incurrir en acciones vergonzosas, impulsadas por mentes perversas e inescrupulosas.